Amnistía Internacional (AI) denunció hoy que El Salvador está experimentando una "alarmante" regresión en el respeto y protección de los derechos humanos a través de la aplicación de unas políticas y leyes que han llevado al país a una de sus peores crisis humanitarias desde el fin de la guerra civil (1979-1992).
En su informe "Detrás del velo de la popularidad: represión y regresión en materia de derechos humanos en El Salvador", AI califica de "sumamente preocupante" el retroceso vivido en los últimos años en el país centroamericano, donde coinciden un enfoque de seguridad "altamente represivo" y un "debilitamiento del Estado de Derecho".
"Lo que estamos presenciando en El Salvador es una repetición trágica de la historia, donde la violencia del Estado está reemplazando gradualmente la violencia de las pandillas, dejando a las mismas comunidades vulnerables atrapadas en un ciclo interminable de abusos y desesperanza", alertó la directora para las Américas de AI, Ana Piquer, en un comunicado.
La organización, que realizó tres misiones de investigación y 83 entrevistas para documentar la otra cara del estado de excepción aplicado en El Salvador en el marco del combate a las pandillas, denunció el enfoque represivo de la política de seguridad, que ha llevado a detenciones arbitrarias, así como un marco legal que pone en riesgo el debido proceso, y el uso sistemático de torturas y malos tratos contra detenidos, sumado a una progresiva restricción del espacio cívico.
Hasta este pasado mes de octubre, las organizaciones locales tenían registradas más de 73.800 detenciones, 327 casos de desapariciones forzadas y unas 102.000 personas encarceladas, con una situación de hacinamiento del sistema penitenciario que supera el 230% y más de 190 reclusos muertos bajo custodia.
Todo ello bajo la coordinación de un Gobierno que, según Amnistía, "tiende a ocultar y minimizar estos hechos, negándose a reconocer e investigar diligentemente los abusos", según recogió la agencia de noticias Europa Press.
La organización también verificó la prevalencia de factores que incrementan la situación de indefensión de las personas, como el debilitamiento de la independencia del Poder Judicial; el uso indebido del proceso penal; el ocultamiento de información pública y la ineficiencia de los mecanismos de rendición de cuentas e investigación frente a las violaciones de derechos humanos cometidas por agentes estatales.
En este escenario, AI instó a las autoridades salvadoreñas a poner fin a esas prácticas y llevar adelante investigaciones que permitan depurar responsabilidades, así como acometer reformas que garanticen la plena separación de poderes, así como de los derechos y libertades básicas.
Además, hizo un llamado a la comunidad internacional para que se mantenga "firme" para hacer frente a los posibles retrocesos de derechos humanos en El Salvador, de tal manera que el país centroamericano acate las recomendaciones emitidas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), de la OEA, y otros mecanismos especiales de Naciones Unidas.
El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, está actualmente de licencia y dedicado de lleno a su campaña electoral de cara a la reelección de febrero próximo, algo que hasta ahora no estaba permitido, pero que fue habilitado por la Corte Suprema mediante una interpretación de la Constitución.
Bukele, de 42 años, se ha hecho muy popular entre los salvadoreños desde marzo de 2022, cuando declaró una guerra contra las temidas pandillas que mantenían control territorial y se financiaban con extorsiones, que permitió reducir la violencia de estos grupos.
Diferentes encuestas de universidades establecen que en promedio 9 de cada 10 salvadoreños se sienten seguros con el régimen de excepción.
De todas formas, tanto organizaciones de derechos humanos como la Iglesia Católica han criticado los métodos usados por el mandatario, que incluye la eliminación de las garantías constitucionales y el sometimiento a tratos inhumanos dentro de las prisiones. (Télam)
