Las normas que promueven y establecen una educacion inclusiva y con igualdad de oportunidades

El derecho a una educación "sin discriminación y sobre la base de la igualdad de oportunidades" para las personas con discapacidad, incluidas aquellas "que necesitan un apoyo más intenso", está garantizado en Argentina por la Resolución Consejo Federal de Educación N° 311, aprobada en 2016, que busca promover "un sistema de educación inclusivo a todos los niveles así como la enseñanza a lo largo de la vida".
Esta normativa cita, a su vez, a la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, aprobada por la Asamblea General de Naciones Unidas en 2006, que fue promulgada como Ley Nacional en 2008 y adquirió jerarquía constitucional en 2014.
Dicha Convención implica "un cambio de paradigma al abordar la discapacidad desde un modelo social", lo que asegura que esas personas deben acceder al derecho a la educación "sin discriminación y sobre la base de la igualdad de oportunidades".
Asimismo, reconoce en su preámbulo "la necesidad de promover y proteger los derechos humanos de todas las personas con discapacidad, incluidas aquellas que necesitan un apoyo más intenso".
En este sentido, remarca que "la discapacidad es un concepto que evoluciona y que resulta de la interacción entre las personas con deficiencias y las barreras debidas a la actitud y al entorno que evitan su participación plena y efectiva en la sociedad, en igualdad de condiciones con las demás".
La referida Convención especifica en uno de sus artículos que "los Estados partes reconocen el derecho de las personas con discapacidad a la educación, y con miras a hacer efectivo este derecho sin discriminación y sobre la base de la igualdad de oportunidades, asegurarán un sistema de educación inclusivo a todos los niveles así como la enseñanza a lo largo de la vida".
En esa línea, obliga a los Estados a que esas personas "no queden excluidas del sistema general de educación por motivos de discapacidad, ni tampoco de la enseñanza primaria gratuita y obligatoria ni de la enseñanza secundaria".
A su vez, aclara que la Educación Especial se rige "por el principio de inclusión educativa" y establece que debe brindar "atención educativa en todas aquellas problemáticas específicas que no puedan ser abordadas por la educación común".
Las autoridades deberán garantizar, por intermedio de diversas estrategias, la inclusión de los y las estudiantes con discapacidades en todos los niveles y modalidades "según las posibilidades de cada persona" y, quienes lo requieran, pueden contar con un proyecto pedagógico personal (PPI) para cursar su escolaridad y ser evaluados con relación al mismo, entre otros apoyos previstos por la Resolución. (Télam)