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author_name: "Juan Manuel Villarreal"
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# Discapacidad: el Senado aprobó la ley y ahora depende de Milei

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El Senado de la Nación convirtió en ley el nuevo régimen permanente de discapacidad durante la sesión del jueves 19 de noviembre, con una votación unánime de 71 votos afirmativos y ninguno negativo. La iniciativa, que ya había recibido el respaldo de 237 diputados, establece un sistema de prestaciones, pensiones y financiamiento que reemplazará el esquema transitorio de emergencia vigente hasta fin de año.

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La sanción se produjo después de negociaciones entre La Libertad Avanza, Unión por la Patria, el PRO, la UCR y otros bloques, que acordaron mantener varios mecanismos de protección reclamados por las organizaciones del sector.

Ahora, el Gobierno de Javier Milei deberá definir la promulgación y reglamentación de la norma, mientras sectores opositores advierten que el consenso parlamentario deberá traducirse en recursos y cumplimiento efectivo.

### Qué establece la nueva Ley de Discapacidad

El proyecto, denominado Ley de Fortalecimiento, Sostenibilidad y Eficiencia Permanente del Sistema de Discapacidad, conserva buena parte de los beneficios previstos en la legislación de emergencia, pero les otorga carácter permanente.

Uno de sus principales puntos es el mantenimiento de las pensiones no contributivas equivalentes al 70% del haber jubilatorio mínimo, con mecanismos de actualización que buscan preservar su valor frente a la inflación.

También establece que las personas con Certificado Único de Discapacidad (CUD) podrán mantener sus pensiones si acceden a un empleo registrado o se inscriben en un régimen tributario, siempre que sus ingresos no superen dos salarios mínimos, vitales y móviles.

La disposición busca evitar que incorporarse al mercado laboral implique perder automáticamente la prestación.

Otro aspecto central es la continuidad del nomenclador universal de prestaciones y del arancel unificado, con actualizaciones vinculadas a la evolución de los precios.

Este esquema resulta fundamental para centros de rehabilitación, profesionales, transportistas y otras instituciones que brindan servicios a personas con discapacidad.

La normativa también contempla la cobertura de prestaciones básicas mediante el programa Incluir Salud y establece obligaciones presupuestarias destinadas a sostener el funcionamiento del sistema.

### La oposición reclamó que el Gobierno cumpla la ley

A pesar del respaldo unánime, el debate estuvo atravesado por cuestionamientos sobre la ejecución de los recursos y las dificultades que enfrentan las personas con discapacidad para acceder a prestaciones.

La presidenta de la Comisión de Población y Desarrollo Humano, Alicia Kirchner, expresó preocupación por la capacidad operativa de ANSES para implementar los cambios.

Durante su intervención, señaló que existen 427 centros de atención en todo el país y advirtió que la provincia de Buenos Aires concentra el 42,9% de ellos.

Desde la UCR, Mariana Juri también reclamó prestar atención al financiamiento y sostuvo que el Presupuesto 2027 deberá contemplar los fondos necesarios para cumplir las obligaciones establecidas.

El senador bonaerense Maximiliano Abad planteó, por su parte, la necesidad de garantizar una implementación efectiva que evite nuevos conflictos judiciales para los beneficiarios.

En Unión por la Patria, Juliana Di Tullio cuestionó las auditorías realizadas durante la gestión nacional y denunció deudas con prestadores que, según sus declaraciones, se acercan a los $80.000 millones.

### El oficialismo defendió el acuerdo y los nuevos controles

La presidenta del bloque de La Libertad Avanza en el Senado, Patricia Bullrich, destacó el consenso alcanzado y reconoció las dificultades atravesadas por las personas con discapacidad y sus familias.

El oficialismo defendió la necesidad de reemplazar un régimen de emergencia por reglas permanentes que permitan dar previsibilidad a beneficiarios e instituciones.

Durante el tratamiento, el senador Agustín Monteverde sostuvo que el nuevo esquema busca evitar la incertidumbre generada por las prórrogas sucesivas.

La ley incorpora mecanismos de fiscalización mediante auditorías periódicas y cruces de información entre organismos públicos, entre ellos ANSES, ARCA, RENAPER y SINTyS.

Los procedimientos deberán contemplar garantías de notificación y debido proceso inclusivo para las personas alcanzadas.

La normativa también prevé que, si existen pagos pendientes a prestadores, el Poder Ejecutivo deberá establecer un cronograma de cancelación dentro de los 30 días y saldar las obligaciones correspondientes dentro de los 90 días.

### La implementación queda en manos del Gobierno

La sanción definitiva representa el cierre de una etapa legislativa que estuvo marcada por diferencias sobre el financiamiento, las pensiones y las condiciones de acceso a las prestaciones.

Como informó Grupo La Provincia, el proyecto había llegado al Senado con un amplio acuerdo entre oficialismo y oposición, aunque persistían diferencias dentro del Gobierno por su impacto presupuestario.

El antecedente de la Ley de Emergencia en Discapacidad, que fue vetada por Milei y posteriormente ratificada por el Congreso, también estuvo presente durante el debate.

Con la nueva norma sancionada, la atención se traslada a la promulgación, la reglamentación y la asignación de los recursos necesarios para su cumplimiento.

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El respaldo de las dos cámaras no elimina las discusiones sobre la ejecución presupuestaria, un aspecto que legisladores de distintos bloques señalaron como determinante para garantizar la continuidad de las prestaciones.

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