Durante 2022 los organismos policiales y militares de Venezuela fueron responsables de 824 ejecuciones extrajudiciales, reveló un informe de dos organizaciones no gubernamentales que suelen llevar estos registros y que destacaron que la cifra del año pasado fue sensiblemente menor a las registradas en 2021 y -más aún- en 2020.
La estadística se sustenta en una base de datos construida conjuntamente por la Fundación Centro Gumilla y la organización defensora de derechos humanos Provea, como parte del proyecto común "Lupa por la Vida".
"El año 2022 se caracterizó por un alto número de privaciones arbitrarias de la vida por parte de funcionarios policiales y militares, los cuales pueden constituir crímenes de lesa humanidad de asesinato", denunciaron las organizaciones.
El número de muertes evidencia "la continuidad de una política de Estado de violaciones masivas y, a su vez, sistemáticas al derecho a la vida", alertaron, al tiempo que señalaron que en 2021 la cifra de casos registrada había sido de 1.414, es decir 590 más que en 2022.
En tanto, en 2020, se habían contabilizado 3.034, lo que revela que, en los dos años siguientes, la cifra fue disminuyendo.
"Aunque en los dos últimos años se ha producido una baja en la cantidad de personas asesinadas por policías y militares, no existen indicadores sólidos para considerar que se están adoptando medidas orientadas a superar el uso abusivo de la fuerza letal", aseguraron las organizaciones.
En este sentido, analizaron que "la impunidad estructural conlleva a que la casi totalidad de estos homicidios no se investiguen" y plantearon que esa impunidad "es también una política de Estado", de acuerdo con la página web de Provea.
Provea y el Centro Gumilla reclamaron el cese de la "criminalización de los jóvenes de los sectores populares" y el desarrollo de "políticas públicas que brinden oportunidades de prosperidad y calidad de vida adecuada".
(Télam)