En Buenos Aires, 1.916 entidades quedaron con su autorización para funcionar en suspenso y otras 299 fueron intimadas. Gildo Onorato, presidente del Instituto Provincial de Asociativismo y Cooperativismo (IPAC), reclama revisar los padrones y advierte sobre el riesgo para las fuentes de trabajo, mientras el organismo regulador invoca incumplimientos documentales.

Washington admitió que sigue con atención el alcance de la iniciativa argentina, que podría extender penalidades a accionistas, proveedores e intermediarios vinculados con la explotación de recursos en las islas. Cancillería ratificó que el reclamo de soberanía es “innegociable”.