(Por Jaime Iturri Salmón, desde La Paz, especial para Télam).- El exfuncionario boliviano Renzo Arteaga Fernández fue condenado a tres años de prisión por falsificación de documentos y otros delitos cometidos para hacer posible el ingreso a Bolivia de armamento no letal y pertrechos para la represión fabricados en la Argentina, elementos que llegaron al aeropuerto de El Alto en un avión de la Fuerza Aérea en noviembre de 2019, en los primeros días posteriores al golpe de Estado contra Evo Morales.
Arteaga había sido nombrado por la canciller de la gestión de Jeanine Áñez, Karen Longaric, como encargado de tramitar el ingreso a Bolivia de granadas de gases lacrimógenos y otros productos utilizados para la represión de protestas callejeras sin que se cumpliera la ley boliviana, que en estos casos exige la aprobación del Congreso Plurinacional.
Días después de que Áñez se autoproclamara presidenta de Bolivia, el Gobierno de Mauricio Macri concretó el envío a Bolivia de municiones anti-tumulto, granadas de gas lacrimógeno y otros pertrechos represivos a través de un vuelo de la Fuerza Aérea Argentina en el que además viajó un contingente del grupo de elite Alacrán, de la Gendarmería.
El material represivo estaba dirigido a la Policía y Fuerzas Armadas bolivianas, el total de la carga era de 70 mil cartuchos.
El viaje a La Paz de los efectivos de la Gendarmería había sido solicitado el 11 de noviembre por el entonces embajador de la Argentina en Bolivia, Normando Álvarez García.
El ingreso a Bolivia de uniformados de otro país, al igual que la importación de armamento, municiones u otro tipo de pertrechos, incluso de uso no letal, requiere de un expreso permiso por el Congreso boliviano.
De igual manera, en la Argentina también se necesita autorización del Parlamento para exportar armas, municiones y granadas de gas lacrimógeno, un trámite que no se realizó.
Sobre la intervención de la Justicia de ambos países frente al episodio, el embajador en Bolivia, Ariel Basteiro, comparó los resultados de la justicia boliviana con la lentitud que atribuyó a la labor del Poder Judicial argentino en la causa.
"La justicia boliviana le dictó la condena a un funcionario y está muy cerca de dictar condena contra (el excomandante de la Fuerza Aérea Boliviana Jorge Gonzalo) Terceros Lara y (el excomandante de la Policía boliviana Vladimir) Yuri Calderón. Los abogados que siguen la causa dicen que eso ocurrirá entre febrero y marzo del próximo año", describió esta mañana Basteiro en diálogo con Télam.
Y a modo de contraste, remarcó: "Contradictoriamente, en la justicia argentina solamente se llamó a declarar a los gendarmes, que son el hilo delgado de ese entramado que tiene involucrados a funcionarios, al expresidente Mauricio Macri, a los exministros, al exdirector de aduana y al excomandante de Gendarmería (por Adolfo Caliba). Todos ellos están imputados pero nunca fueron llamados a declarar, cuando todos ellos tienen información del contrabando".
En ese sentido, el embajador aseguró que hasta ahora "el juez (Alejandro) Catania solo convocó a los gendarmes, quienes desmintieron a la exministra Patricia Bullrich señalando que nunca usaron esas armas para entrenamiento".
En Bolivia, el contrabando de material represivo desde Argentina había permanecido oculto a la opinión pública hasta que se descubrió una carta en la que el excomandante de la Fuerza Aérea boliviana Jorge Gonzalo Terceros Lara le agradecía al embajador argentino Álvarez García por su colaboración en este cometido.
El hoy condenado Renzo Arteaga se sometió al procedimiento denominado de justicia abreviada, admitiendo su responsabilidad en los hechos. (Télam)