El Gobierno aprueba financiamiento de la CAF y el BCIE por US$ 700 millones
Los esquemas para los contratos fueron aprobados mediante los decretos 149/2023 y 150/2023, publicados hoy en el Boletín Oficial.
El Gobierno aprobó dos modelos de contrato que permitirán avanzar con el otorgamiento de un crédito por hasta US$ 400 millones del Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) con el fin de apoyar el plan Argentina contra el Hambre y otro de hasta US$ 300 millones de la Corporación Andina de Fomento (CAF) dirigido a financiar programas para discapacitados.
Los esquemas para los contratos fueron aprobados mediante los decretos 149/2023 y 150/2023, publicados hoy en el Boletín Oficial.
En el caso del BCIE, el financiamiento fue aprobado por dicha entidad a principios de este mes y está dirigido a financiar el Plan Argentina Contra el Hambre (PACH), ejecutado por el Ministerio de Desarrollo Social.
El mismo tiene "el propósito de facilitar asistencia alimentaria a personas en situación de vulnerabilidad social en Argentina, entre ellas niñas y niños, adolescentes, mujeres embarazadas y personas con discapacidad".
El organismo multilateral regional precisó que, con estos recursos, se prevé beneficiar a 2,4 millones de familias en las 24 jurisdicciones del país mediante Alimentar, un instrumento del PACH que busca mejorar la calidad de la alimentación de las familias más vulnerables garantizando derechos para la primera infancia a través del acceso a la canasta básica, y que a su vez impulsa la movilización del comercio y la producción local de alimentos.
Se trata de la segunda operación aprobada por el BCIE destinada a financiar este programa, luego de que se aprobara la primera en noviembre de 2022, por US$ 50 millones.
El plazo del préstamo es de hasta 20 años en cuotas semestrales, incluyendo hasta cinco años de gracia y un interés basado en la tasa SOFR, que publica la Reserva Federal de Nueva York.
Dicha tasa de interés se ubicó en un promedio de 2,51% en el último trimestre enero-febrero.
Por otro lado, el Gobierno aprobó otro modelo de contrato, correspondiente a un préstamo de la CAF por hasta US$ 300 millones para financiar el Programa para la Promoción del Modelo Social de la Discapacidad y el Acceso a Derechos de las Personas con Discapacidad (PcD).
Esta línea de crédito forma parte del acuerdo que alcanzó el ministro de Economía, Sergio Massa con el directorio de la CAF la semana pasada en Chile por el medio del cual se desembolsarán US$ 840 millones.
De ese monto –que tendrá un desembolso inmediato- US$ 540 millones serán utilizados para obras complementarias del Gasoducto Néstor Kirchner para poder llevar suministro de gas de la Cuenca Neuquina hacia el norte del país, y la suma restante para este programa social.
El PcD se trata de una iniciativa implementada por la Secretaría General de Presidencia y la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis).
El crédito en su mayor parte (US$ 288 millones) será destinado al pago de Pensiones no Contributivas, mientras que los US$ 12 millones restantes se utilizarán para facilitar la construcción y el equipamiento de las denominadas Torres de Inclusión en donde se centralizará toda la oferta estatal de apoyos y servicios para garantizar la autonomía y acceso a derechos de las personas con discapacidad, refaccionando además sedes existentes de la Andis.
Del mismo modo se utilizará para realizar diagnósticos del estado de la inclusión comunitaria en el país, e implementar planes municipales de acción con el fin de realizar obras de infraestructura para ciudades accesibles, entre otros puntos, señala el contrato.
La línea tendrá un plazo de 15 años, incluyendo un período de gracia de 54 meses y tasa de interés SOFR con un margen del 2%. (Télam)
Los esquemas para los contratos fueron aprobados mediante los decretos 149/2023 y 150/2023, publicados hoy en el Boletín Oficial.
En el caso del BCIE, el financiamiento fue aprobado por dicha entidad a principios de este mes y está dirigido a financiar el Plan Argentina Contra el Hambre (PACH), ejecutado por el Ministerio de Desarrollo Social.
El mismo tiene "el propósito de facilitar asistencia alimentaria a personas en situación de vulnerabilidad social en Argentina, entre ellas niñas y niños, adolescentes, mujeres embarazadas y personas con discapacidad".
El organismo multilateral regional precisó que, con estos recursos, se prevé beneficiar a 2,4 millones de familias en las 24 jurisdicciones del país mediante Alimentar, un instrumento del PACH que busca mejorar la calidad de la alimentación de las familias más vulnerables garantizando derechos para la primera infancia a través del acceso a la canasta básica, y que a su vez impulsa la movilización del comercio y la producción local de alimentos.
Se trata de la segunda operación aprobada por el BCIE destinada a financiar este programa, luego de que se aprobara la primera en noviembre de 2022, por US$ 50 millones.
El plazo del préstamo es de hasta 20 años en cuotas semestrales, incluyendo hasta cinco años de gracia y un interés basado en la tasa SOFR, que publica la Reserva Federal de Nueva York.
Dicha tasa de interés se ubicó en un promedio de 2,51% en el último trimestre enero-febrero.
Por otro lado, el Gobierno aprobó otro modelo de contrato, correspondiente a un préstamo de la CAF por hasta US$ 300 millones para financiar el Programa para la Promoción del Modelo Social de la Discapacidad y el Acceso a Derechos de las Personas con Discapacidad (PcD).
Esta línea de crédito forma parte del acuerdo que alcanzó el ministro de Economía, Sergio Massa con el directorio de la CAF la semana pasada en Chile por el medio del cual se desembolsarán US$ 840 millones.
De ese monto –que tendrá un desembolso inmediato- US$ 540 millones serán utilizados para obras complementarias del Gasoducto Néstor Kirchner para poder llevar suministro de gas de la Cuenca Neuquina hacia el norte del país, y la suma restante para este programa social.
El PcD se trata de una iniciativa implementada por la Secretaría General de Presidencia y la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis).
El crédito en su mayor parte (US$ 288 millones) será destinado al pago de Pensiones no Contributivas, mientras que los US$ 12 millones restantes se utilizarán para facilitar la construcción y el equipamiento de las denominadas Torres de Inclusión en donde se centralizará toda la oferta estatal de apoyos y servicios para garantizar la autonomía y acceso a derechos de las personas con discapacidad, refaccionando además sedes existentes de la Andis.
Del mismo modo se utilizará para realizar diagnósticos del estado de la inclusión comunitaria en el país, e implementar planes municipales de acción con el fin de realizar obras de infraestructura para ciudades accesibles, entre otros puntos, señala el contrato.
La línea tendrá un plazo de 15 años, incluyendo un período de gracia de 54 meses y tasa de interés SOFR con un margen del 2%. (Télam)
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