Procesan al exinterventor de Puertos del macrismo por una contratacion directa
El expediente se inició en 2018, a través de una denuncia de Juan Carlos Lanatta
El exinterventor de la Administración General de Puertos durante la gestión de Mauricio Macri, Gonzalo Mórtola, fue procesado por el juez federal Marcelo Martínez de Giorgi por “violación de los deberes de funcionario” al haber contratado una consultora en forma directa por casi un millón de dólares.
El expediente se inició en 2018, a través de una denuncia de Juan Carlos Lanatta, que advirtió sobre la contratación directa de la firma “Indra” para la confección de los pliegos y la planificación financiera cuando no tenía antecedentes de trabajos en el área.
Martínez de Georgi señaló en la resolución que Mórtola, como interventor de la Administración General de Puertos, no podía desconocer que la contratación directa no está permitida por el Reglamento de Compras y Contrataciones del Estado.
“Todo indica que (Mórtola) simuló circunstancias que le otorgaron aparente legalidad a su accionar, que de no haber sido por la denuncia formulada, probablemente no habría sido cuestionado”, mencionó el juez federal en su resolución.
Junto al procesamiento sin prisión preventiva por “violación de los deberes de funcionario”, que podría ampliarse según fuentes judiciales a “defraudación contra la administración pública”, el juez dispuso un embargo sobre los bienes de Mórtola por 400 mil pesos.
El magistrado también ponderó que la Administración de Puerto contaba con personal idóneo, bien pago y capacitado para las tareas por las que contrató a la consultora, con un gasto de 940 mil dólares para el erario público. (Télam)
El expediente se inició en 2018, a través de una denuncia de Juan Carlos Lanatta, que advirtió sobre la contratación directa de la firma “Indra” para la confección de los pliegos y la planificación financiera cuando no tenía antecedentes de trabajos en el área.
Martínez de Georgi señaló en la resolución que Mórtola, como interventor de la Administración General de Puertos, no podía desconocer que la contratación directa no está permitida por el Reglamento de Compras y Contrataciones del Estado.
“Todo indica que (Mórtola) simuló circunstancias que le otorgaron aparente legalidad a su accionar, que de no haber sido por la denuncia formulada, probablemente no habría sido cuestionado”, mencionó el juez federal en su resolución.
Junto al procesamiento sin prisión preventiva por “violación de los deberes de funcionario”, que podría ampliarse según fuentes judiciales a “defraudación contra la administración pública”, el juez dispuso un embargo sobre los bienes de Mórtola por 400 mil pesos.
El magistrado también ponderó que la Administración de Puerto contaba con personal idóneo, bien pago y capacitado para las tareas por las que contrató a la consultora, con un gasto de 940 mil dólares para el erario público. (Télam)
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