La justicia ordenó al Servicio Penitenciario de Catamarca gestionar la prótesis de un detenido que necesita ser intervenido quirúrgicamente para recobrar la movilidad en una de sus piernas, luego de revocar la resolución del Juzgado Federal de esa provincia que había rechazado el pedido del interno, informó hoy el Ministerio Público Fiscal (MPF).
Según fuentes oficiales, la defensa del detenido había interpuesto una acción de habeas corpus en defensa de la salud del asistido, alegando que "necesita urgentemente una intervención quirúrgica, dado que tiene inflamada la pierna" lo que generó un problema motriz que "le impide desplazarse" y continuar cumpliendo la condena en la cárcel catamarqueña donde está alojado, debido a la falta de asistencia hospitalaria.
Frente al pedido de hospitalización, el juez Miguel Ángel Contreras, del Juzgado Federal catamarqueño, resolvió no hacer lugar a la acción de habeas corpus interpuesta por la defensa del detenido y elevar en consulta a la Cámara Federal de Apelaciones de Tucumán.
Posteriormente, el fiscal general Antonio Gustavo Gómez consideró que debía revocarse la sentencia y ordenó al Servicio Penitenciario Provincial de Catamarca la operación del hombre, y declaró que "el interno requiere el uso de muletas de manera permanente lo que impacta en su estado imposibilitándolo de realizar tareas diversas, propias a la reinserción a la que se compromete el Estado cuando lo detiene en una cárcel pública" según informó el MPF.
"Los encargados de las instituciones que ejecutan el poder punitivo del Estado tienen obligaciones a su cargo, en este caso, deberá operarse al interno en cuestión" declaró el fiscal y sostuvo que la intervención quirúrgica deberá realizarse "sin demoras".
Al resolver la cuestión, el Tribunal de Alzada revocó la resolución del juez catamarqueño y dispuso la inmediata constitución de una junta médica que evalúe al detenido.
Además, el fiscal general ordenó al Servicio Penitenciario catamarqueño que gestione la obtención de la prótesis requerida y programe la intervención quirúrgica del hombre "de manera urgente".
La decisión judicial que falló a favor del detenido estuvo amparada en la normativa protectora de los Derechos Humanos y los camaristas sostuvieron que "las personas privadas de su libertad tienen el derecho al mayor y más oportuno acceso a través de los niveles sanitarios adecuados disponibles". (Télam)