La diputada Mónica Macha, del Frente de Todos junto a una quincena de legisladores de su bloque, presentó hoy un proyecto para derogar la ley N°24.270 denominada "de impedimento de contacto", que impone penas al "padre o tercero que ilegalmente impidiere u obstruyere el contacto de menores de edad con sus padres no convivientes".
La legisladora sostiene que este proyecto tiene como objetivo "cuidar a las madres protectoras" porque muchas van "presas por cuidar a sus hijxs de los abusadores. Así de clara y así de grave es la situación."
Señaló que "son las madres quienes cuidan a sus hijxs de los abusadores que muchas veces son los progenitores".
"Un cuidado imprescindible es evitar que los abusadores sigan en contacto con lxs niñxs, pero los abusadores usan la vieja ley de impedimento de contacto para denunciar a las madres. No podemos permitir que se criminalice el cuidado".
La ley 24.270 aprobada en 1993 impone penas al "padre o tercero que ilegalmente impidiere u obstruyere el contacto de menores de edad con sus padres no convivientes".
El proyecto diseñado por Macha es respaldado por los legisladores del FDT, Hernán Pérez Araujo, Blanca Osuna, Mónica Litza, Mara Brawer, María Rosa Martínez, Hilda Aguirre, Mabel Caparros, Claudia Ormachea, Nancy Sand y Susana Landriscini, entre otros.
En los fundamentos, Macha recuerda que la propuesta de derogación ya había sido presentada en otras oportunidades por Diana Conti, Sergio Pansa, y Marcela Rodríguez y que en 2020 la Defensoría General de la Nación se había pronunciado a favor de su anulación.
Señala que si bien esta ley perseguía el objetivo de preservar el vínculo paterno-infantil, terminó "criminalizado conflictos familiares" y siendo "ineficiente para los fines que postulaba" ya que puede "terminar encarcelando al/la progenitor/a conviviente -generalmente son las madres".
"El marco normativo que pretendemos derogar lleva al terreno del derecho penal conflictos exclusivamente familiares que requieren un tratamiento mucho más interdisciplinario que el que puede darse en el ámbito penal", destaca.
Subrayó que "la dureza de las normas penales pareciera excesiva en el tratamiento de estas cuestiones que se vinculan con las relaciones familiares, y debemos tener en cuenta que la aplicación de penas, lejos de solucionar el conflicto, lo profundiza, lo agrava". (Télam)