Más de 2200 casos de violencia familiar y de género fueron procesados de enero a octubre de 2021 en Corrientes y el 80 por ciento de las causas involucra a exparejas de las víctimas, informaron hoy fuentes judiciales de la provincia, en el marco del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer.
La Oficina de Estadística y Registro del Poder Judicial de Corrientes difundió un informe con el relevamiento de casos en los primeros 10 meses de este año, en el que se destacó que “el 80 por ciento de las 2279 causas tienen su origen en la violencia ejercida por concubinos, cónyuges y exparejas”.
Señala además que el 94 por ciento de las víctimas son mujeres y respecto al rango etario el 91 por ciento son jóvenes y adultas y el 5 por ciento de más de 60 años.
Respecto de los tipos de violencia registradas, detalló que fueron físicas, verbales, sexuales, económicas, y mencionó que “los mayores niveles en esos rangos fueron violencia verbal y física”.
El escrito remarcó también que “el Poder Judicial de Corrientes trabajó a lo largo de la crisis sanitaria en la capacitación virtual de la Ley Micaela en toda la provincia, con talleres y conversatorios”.
“Y comenzó a relevar las resoluciones y sentencias que aplican la perspectiva de género en los juzgados y tribunales de Corrientes”, sostuvo y mencionó acciones en ese sentido.
Sobre el accionar judicial ante los diferentes casos, el reporte indicó que “se registraron decisiones vinculadas a la tutela judicial efectiva, derechos sexuales, reproductivos y a la salud, al trabajo y la seguridad social y a la no discriminación”.
También “a la vida sin violencia, derechos civiles y patrimoniales, a la no discriminación en la familia y a mujeres en situación de vulnerabilidad”.
Por otra parte, apuntó que tras las denuncias, los magistrados determinaron 343 exclusiones del hogar, 797 cautelares de abstención, 743 prohibiciones de acercamiento, 365 citaciones y abordajes interdisciplinarios y 32 desestimaciones.
“La violencia hacia la mujer comprende todo acto que pueda tener como resultado un daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico, así como amenazas, coacción o la privación arbitraria de la libertad”, concluyó el informe. (Télam)