El Gobierno jujeño y la Universidad Nacional de Jujuy (UNJu) firmaron hoy un convenio de financiamiento para que profesionales lleven adelante tareas de prospección en los predios del Ejército del barrio Alto Padilla de la capital provincial, donde se realiza la búsqueda de restos de víctimas de la última dictadura cívico-militar, se informó oficialmente.
El acuerdo fue rubricado por el gobernador de Jujuy, Gerardo Morales, y el rector de la UNJu, Mario Bonillo, luego de que la justicia federal ordenara la medida en el sitio donde el Ejecutivo local pretende construir un edificio judicial.
Las obras de construcción se encuentran paralizadas, debido a diversas presentaciones judiciales realizadas por organismos de derechos humanos de Jujuy en el lugar donde se están llevando adelante tareas de investigación para la búsqueda y recuperación de los restos de las víctimas de desaparición forzada.
En ese marco el equipo de la UNJu presentó un plan de trabajo, mientras que el Gobierno provincial deberá asignar los fondos para la realización del proyecto de exploración.
"El requerimiento de la Justicia federal implica al laboratorio de antropología y arqueología de la UNJu, en tanto que el juez actuante requiere por parte del Gobierno provincial el financiamiento para los trabajos", explicó el rector de la UNJu, Mario Bonillo.
Los equipos de profesionales llevarán adelante un estudio previo para analizar si es pertinente la construcción en el sitio en conflicto.
"En ese espacio donde se realizará una obra existe la posibilidad de que haya restos de víctimas de la dictadura militar, por lo que hay todo un trabajo pericial por auxiliares judiciales requerido por la Justicia Federal y la Universidad tiene ese rol", completó la autoridad universitaria.
Si bien no precisaron fecha de inicio de las tareas de exploración, Bonillo indicó que "es un trabajo que tiene su complejidad y su tiempo de acuerdo a las pautas de la justicia", aunque se realizará de manera "gradual previo a las obras y luego -si continúa- en la etapa de urbanización del sector", sostuvo.
En marzo de este año, activistas de derechos humanos jujeños alertaron sobre "la posibilidad de que se produzcan daños irreparables" en el predio del Ejército ubicado en el barrio Alto Padilla de San Salvador de Jujuy, donde se están llevando adelante tareas de investigación judicial para "la búsqueda y recuperación de los restos de las víctimas de desaparición forzada" en la provincia.
Las entidades manifestaron en ese momento haber tomado conocimiento de que el Gobierno de Jujuy estaría utilizando maquinaria pesada en lugar, contrariando una medida de no innovar dispuesta el 20 de enero pasado por el juez federal Esteban Hansen.
Afirmaron que existe "prueba documental y testimonial fehaciente que, antes y durante el terrorismo de Estado, se utilizó ese predio para el enterramiento clandestino de dichas víctimas". (Télam)