Unos 73 matafuegos con documentación habilitante apócrifa fueron secuestrados en un allanamiento realizado por efectivos de la Policía de la Ciudad en un local del barrio porteño de Flores, al tiempo que se imputó a los responsables del lugar por los delitos de "falsificación de documentos públicos y uso de documento o certificado adulterado", informó hoy el Ministerio Público Fiscal (MPF).
La inspección fue solicitada por la Fiscalía N° 34, interinamente a cargo de Celsa Ramírez, y autorizada por el Juzgado Penal Contravencional y de Faltas N° 11, a partir de denuncias de una empresa recargadora oficial habilitada legalmente.
En el procedimiento realizado el lunes en un local dedicado a la venta y recarga de matafuegos en el barrio de Flores, se constató que la mayoría de la mercadería tenía documentación apócrifa, ya que las obleas de seguridad al ser escaneadas redireccionaban hacia páginas ajenas a la Agencia Gubernamental de Control (AGC), el organismo competente, y no coincidían con los números grabados en los matafuegos.
La fiscalía dispuso el secuestro de 73 matafuegos con las obleas de la AGC impresas apócrifas, 54 stickers para ser colocadas, 110 etiquetas supuestamente de la Provincia de Buenos Aires y un matafuego con fecha de fabricación diciembre de 2022, precisaron desde MPF.
Asimismo, se incautaron cuatro celulares, una impresora para la producción de los autoadhesivos, 68 marbetes (el anillo plástico que certifica que el extintor fue cargado), precintos de diferentes colores, pegamento instantáneo y documentación relevante para la investigación.
El operativo estuvo a cargo de la División Contravenciones y Faltas contra el Orden Público de la Policía de la Ciudad junto con el Cuerpo de Investigaciones Judiciales del Ministerio Público Fiscal de la Ciudad y la Agencia Gubernamental del Control.
Durante el procedimiento, se logró determinar que los responsables del comercio no aceptaban matafuegos vacíos, de modo de evitar la recarga real, e indicaban a los clientes que debían comprar los artefactos nuevos.
La fiscalía imputó a los responsables del lugar por los delitos de "falsificación de documentos públicos y uso de documento o certificado adulterado", según los artículos 292 y 296 del Código Penal. (Télam)