El ministro de Ciencia, Tecnología e Innovación, Daniel Filmus, celebró la promulgación de la ley de cannabis medicinal y cáñamo industrial, que regula la producción de la planta y que ofrece un marco regulatorio para la inversión pública y privada en toda la cadena del cannabis medicinal.
Ambas industrias, aseguró el ministro, están creciendo exponencialmente y serán una fuente de empleo de calidad y desarrollo económico a nivel global, con un potencial económico de se proyecta en 10.000 nuevos empleos para 2025, US$ 500 millones en ventas al mercado interno anuales y US$ 50 millones de exportación anuales.
“Esta ley amplía la posibilidad de la producción y del acceso al cannabis como producto medicinal, lo que implica que muchas más personas van a poder tener acceso a una producción que va a facilitar el derecho a la salud, que hasta ahora podían hacerlo muy pocos”.
“Desde el Ministerio de Ciencia y Tecnología estamos trabajando fuertemente para que no solo sea la semilla sino que sea también la capacidad de elaborar productos con aporte tecnológico nacional; y generar una verdadera industria muy federal porque puede llevarse adelante en muchos lugares del país y en unidades de producción muy pequeñas. En este sentido también vemos una capacidad de exportación importante”, agregó.
En esa línea, el ministerio lanzó el “Programa de Investigación y Desarrollo en Cannabis”, convocatoria que ofrecerá $ 250 millones en financiamiento a proyectos en investigación y desarrollo en cannabis, el cáñamo y sus derivados para uso medicinal, terapéutico y paliativo, sus usos clínicos y/o industriales, y los aspectos sociales y culturales asociados.
El programa posee modalidad de ventanilla permanente, y su objetivo es promover proyectos de investigación y desarrollo (I+D) destinados a generar conocimientos y avances en torno a las propiedades de la planta de cannabis y sus derivados, sus usos clínicos y/o industriales, y los aspectos sociales y culturales asociados.
Se espera fortalecer e impulsar las capacidades en el sistema científico y tecnológico que contribuyan al desarrollo e implementación de políticas públicas por parte de los gobiernos provinciales y municipales en la temática, en diálogo con la sociedad civil. (Télam)