Una gran cantidad de docentes e integrantes de organizaciones gremiales, políticas y sociales marchó esta mañana frente a la Casa de Gobierno de Neuquén para exigir justicia al cumplirse un año de la explosión en la escuela albergue 144 del paraje Aguada San Roque, que causó la muerte tres personas.
La movilización, donde se recordó a la docente Mónica Jara y a los operarios Nicolás Francés y Mariano Spinedi que fallecieron por la explosión, fue acompañada por un paro de 24 horas convocado por la Asociación de Trabajadores de la Educación de Neuquén (ATEN).
"El objetivo de la marcha es que se haga justicia por los fallecimientos de Mónica, Nicolás y Mariano, y junto con ello, que nuestras escuelas sean espacios seguros", subrayó el secretario general de ATEN, Marcelo Guagliardo.
E insistió: "Necesitamos escuelas seguras para todos los que las habitamos, las escuelas están habitadas por las hijas y los hijos de los neuquinos, el pueblo trabajador manda a sus hijos a las escuelas públicas, y si esto no cambia seguimos en riesgo".
En el marco de la movilización, que culminó con un acto frente a la Gobernación, el dirigente gremial sostuvo que "éste es un problema de toda la sociedad neuquina porque se necesitan recursos para que las escuelas no sean espacios de peligro".
La explosión en la escuela del paraje Aguada ocurrió el 29 de junio de 2021 a partir de las tareas en la instalación de gas que realizaron el gasista Nicolás Francés y su sobrino Mariano Spinedi.
De acuerdo a la investigación del Ministerio Público Fiscal, ese día a las 13.50 los dos operarios se dirigieron con la docente Jara a un sector del albergue destinado a las niñas y se produjo la explosión.
Esto provocó la muerte inmediata de Francés y Spinedi, mientras que trece días después, la docente falleció en un centro de salud especializado de la ciudad de Mendoza, al que había sido trasladada con más del 90% de la superficie corporal quemada y con compromisos de la vía aérea y del pulmón.
La investigación judicial determinó las imputaciones por distintos delitos penales de diez personas, siete de las cuales son funcionarios públicos que continúan en sus cargos.
(Télam)