El habeas corpus que permitió la excarcelación del exvicepresidente de Ecuador Jorge Glas es nulo, porque la Procuración General del Estado no fue llamada a comparecer el 9 de abril, en la audiencia en la que se decidió ese beneficio, afirmó hoy el titular de esa dependencia, Íñigo Salvador.
Según Salvador, la Procuraduría debió ser notificada y citada a la audiencia de habeas corpus realizada en el cantón Manglaralto, en la provincia del Guayas, como sí ocurrió con el Servicio de Atención a Personas Privadas de Libertad (Snai).
La Procuraduría General del Estado busca que se revoquen los efectos de esa resolución para que Glas vuelva a prisión.
El procurador dijo que la Snai no tiene personería jurídica propia por encontrarse adscrita al Ministerio de Gobierno y entonces es la Procuraduría, por ser el organismo que representa al Estado, la que debió haber sido notificada.
Para Salvador, ese solo hecho ya afecta a la validez del proceso, en tanto es inválido y sus efectos son nulos.
Días pasados el Snai apeló el recurso que beneficia a Glas y ayer la Corte Provincial de Justicia de Santa Elena hizo el sorteo de los jueces que entenderán es esa apelación, aunque ese paso todavía no tiene fecha.
La Procuraduría solicitó formar parte del proceso.
El sitio del diario El Comercio señaló que el organismo prepara varios argumentos para echar abajo el habeas corpus.
Uno de ellos está vinculado a la incompetencia del juzgado del cantón Manglaralto, por cuanto el recurso no fue presentado en el lugar donde se encontraba el sentenciado, es decir, la provincia de Cotopaxi, donde está la cárcel en la que estaba Glas.
El exvicepresidente estaba preso desde finales de 2017.
Glas, que fue vicepresidente entre 2013 y 2017, con Rafael Correa y Lenin Moreno, afronta carga con dos sentencias firmes por asociación ilícita, en el caso de la constructora brasileña Odebrecht, y por cohecho en el llamado “caso Sobornos” 2012-2016. Una tercera causa, por peculado, está apelada.
Igualmente, Glas no está libre, sino que fue beneficiado con medidas alternativas a la privación de la libertad y debe presentarse periódicamente ante las autoridades.
(Télam)