Pidieron carcel para un gobernador colombiano por presunta asociacion al ELN
El Tribunal Superior de Bogota pidio hoy la detencion en un penal del gobernador del departamento de Arauca, Facundo Castillo, investigado por presuntos nexos con el Ejercito de Liberacion Nacional .
El Tribunal Superior de Bogotá pidió hoy la detención en un penal del gobernador del departamento de Arauca, Facundo Castillo, investigado por presuntos nexos con el Ejército de Liberación Nacional (ELN).
El mandatario deberá estar privado de su libertad mientras avanza el proceso en su contra por los delitos de concierto para delinquir, financiación del terrorismo y de grupos de delincuencia organizada, y administración de recursos relacionados con actividades terroristas y de la delincuencia organizada.
El gobernador Castillo no aceptó los cargos imputados y, en consecuencia, irá a juicio, reveló el diario El Tiempo.
El magistrado Dabogerto Hernández Peña, del Tribunal Superior, dio crédito a los argumentos presentados por la Fiscalía en la solicitud de medida de aseguramiento en centro carcelario.
Para el juez hay evidencias de que el gobernador pudo cometer algunas de las conductas imputadas y de la existencia de un acuerdo criminal para, por ejemplo, entregar contratos oficiales a integrantes de la guerrilla a cambio de apoyo y protección para el mandatario.
El juez consideró que los hechos son muy graves y las conductas “afectan la credibilidad de la administración pública”, y hasta evaluó que “hay riesgo de obstrucción a la justicia”.
El magistrado libró una orden detención para que sea enviado a la cárcel La Picota.
Según la investigación de la Fiscalía, Castillo habría pactado un acuerdo financiero, a través de contratos estatales, con presuntos integrantes del frente Domingo Laín Sáenz del ELN a cambio de logística y protección militar para su seguridad y desplazamientos por los municipios de la zona.
Una causa muy parecida tiene en la mira al exgobernador Ricardo Alvarado, por riesgos de "amenaza de testigos" y "obstrucción a la justicia", en una investigación que también se le sigue por su presunta asociación ilegal con el ELN.
A Alvarado se lo acusa de alianzas con la guerrilla para "cometer distintas conductas atentatorias de los mecanismos de participación democrática, la administración y la seguridad pública".
(Télam)
El mandatario deberá estar privado de su libertad mientras avanza el proceso en su contra por los delitos de concierto para delinquir, financiación del terrorismo y de grupos de delincuencia organizada, y administración de recursos relacionados con actividades terroristas y de la delincuencia organizada.
El gobernador Castillo no aceptó los cargos imputados y, en consecuencia, irá a juicio, reveló el diario El Tiempo.
El magistrado Dabogerto Hernández Peña, del Tribunal Superior, dio crédito a los argumentos presentados por la Fiscalía en la solicitud de medida de aseguramiento en centro carcelario.
Para el juez hay evidencias de que el gobernador pudo cometer algunas de las conductas imputadas y de la existencia de un acuerdo criminal para, por ejemplo, entregar contratos oficiales a integrantes de la guerrilla a cambio de apoyo y protección para el mandatario.
El juez consideró que los hechos son muy graves y las conductas “afectan la credibilidad de la administración pública”, y hasta evaluó que “hay riesgo de obstrucción a la justicia”.
El magistrado libró una orden detención para que sea enviado a la cárcel La Picota.
Según la investigación de la Fiscalía, Castillo habría pactado un acuerdo financiero, a través de contratos estatales, con presuntos integrantes del frente Domingo Laín Sáenz del ELN a cambio de logística y protección militar para su seguridad y desplazamientos por los municipios de la zona.
Una causa muy parecida tiene en la mira al exgobernador Ricardo Alvarado, por riesgos de "amenaza de testigos" y "obstrucción a la justicia", en una investigación que también se le sigue por su presunta asociación ilegal con el ELN.
A Alvarado se lo acusa de alianzas con la guerrilla para "cometer distintas conductas atentatorias de los mecanismos de participación democrática, la administración y la seguridad pública".
(Télam)
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