Economía Redaccion GLP 17 de enero de 2022

Enargas realizará este miércoles la primera de las audiencias públicas programadas para analizar la revisión tarifaria de 2022

En la audiencia del 19 de enero se pondrán en consideración las propuestas de las distribuidoras y transportistas.

El Ente Nacional Regulador del Gas (Enargas) realizará este miércoles la primera de las audiencias públicas programadas para analizar la revisión tarifaria de 2022, en el que el Gobierno prevé autorizar incrementos inferiores a la inflación prevista, con una segmentación según el poder adquisitivo de los usuarios.

En la audiencia del 19 de enero, que se llevará a cabo en la modalidad remota, se pondrán en consideración las propuestas de las distribuidoras y transportistas.
Las empresas alcanzadas en esta instancia son las distribuidoras Metrogas, Naturgy Ban. Litoral Gas, Gas Cuyana, Gasnor, Camuzzi Gas del Sur, Camuzzi Gas Pampeana, Gas del Centro, GasNea y Redengas, en tanto en la faz de transporte están TGS (Tranportadora de Gas del Sur y TGN (Transportadora de Gas del Norte).
Posteriormente, el lunes 31 de enero, se prevé debatir los precios mayoristas del gas en el Punto de Ingreso al Sistema de Transporte (PIST).

Gasoducto

El interventor del Enargas, Federico Bernal, destacó el rol de las audiencias y sostuvo que "cuando lleguemos al final de este camino y tengamos ya una tarifa renegociada que sea justa, razonable y asequible, vamos a valorar estas audiencias como hitos fundamentales de expresión popular".
Por su parte, el secretario de Energía, Darío Martínez, había ratificado días atrás que el aumento en las tarifas de los servicios de gas y de electricidad se ubicaría en torno al 20% promedio, aunque las empresas distribuidoras de gas natural anticiparon diferentes propuestas que implicarían actualizaciones del 76% al 119%.
Esa suba del 20% no se aplicará de manera uniforme entre todos los usuarios sino de manera segmentada según su capacidad económica, con criterios que aún no se terminaron de definir.
La discusión se enmarca en el objetivo del Gobierno de aplicar una reducción de los subsidios energéticos, que representan aproximadamente dos tercios del total de transferencias a sectores económicos, empresas públicas y fondos fiduciarios.

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