Mundo Agencia Télam 13 de enero de 2022

El hijo de Ingrid Betancourt gano una demanda contra las FARC en EEUU pero no se sabe si cobrara

Las extintas FARC deberan pagar 36 millones de dolares al hijo de la excandidata presidencial Ingrid Betancourt por los daños sufridos durante el largo secuestro de su madre, segun dispuso la justicia de Estados Unidos en un fallo conocido hoy que

Las extintas FARC deberán pagar 36 millones de dólares al hijo de la excandidata presidencial Ingrid Betancourt por los daños sufridos durante el largo secuestro de su madre, según dispuso la justicia de Estados Unidos en un fallo conocido hoy que igualmente no queda claro cómo podría ejecutarse.
Lawrence Delloye, ciudadano estadounidense, presentó en 2018 una demanda contra las FARC porque esta organización habría violado las leyes antiterroristas de Estados Unidos que permiten a las víctimas exigir una compensación económica por los daños causados.
Un juez de Pensilvania dio por válidos los argumentos de la demanda que señalan que el hijo de Betancourt sufrió un estrés emocional severo durante el tiempo que su madre estuvo cautiva, entre 2002 y 2008.
Betancourt fue liberada en la llamada Operación Jaque, en julio de 2008, junto a otros 14 retenidos, en un procedimiento que levantó la figura de Juan Manuel Santos, por entonces ministro de Defensa.
La demanda incluye 14 nombres de la organización, entre ellos el de Luciano Marín Arango, alias Iván Márquez, ahora jefe de Segunda Marquetalia, uno de los grupos disidentes que no se plegó al acuerdo de paz de 2016.
No está claro cómo Delloye podría acceder a cobrar la indemnización, porque ni la insurgencia ya desaparecida ni sus antiguos integrantes disponen de activos en Estados Unidos, según el diario bogotano El Tiempo.
El caso de Delloye se asemeja al de los tres contratistas estadounidenses Keith Stansell, Marc Gonsalves y Thomas Howes, secuestrados por las FARC, a quienes en 2012 un juez de Florida les dio la razón y condenó a la entonces activa guerrilla a indemnizarles con 318 millones de dólares por los daños que les causaron durante su secuestro.
La sentencia no se pudo ejecutar, pese a que Estados Unidos aprobó una enmienda en 2018 según la cual las víctimas podrían acceder a esos fondos de manera indirecta a través de fondos decomisados a personas asociadas con estos grupos armados cuyos activos están congelados por Washington. (Télam)

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