Detenciones arbitrarias, persecución sistemática a líderes sociales, concentración de poder en el presidente Daniel Ortega y el accionar de “fuerzas de choque y grupos paraestatales” fueron denunciadas hoy por un grupo de organizaciones defensoras de los derechos humanos en el “Informe de la Verdad-Dictadura y Represión en Nicaragua”.
Se trata de un extenso documento elaborado por unas 15 organizaciones, entre ellas Amnistía Internacional, Human Rights Watch, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), la Federación Internacional de Derechos Humanos (FIDH) y el Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh), presentado en Costa Rica.
El sitio 100noticias detalló que para la elaboración del informe se usó una metodología participativa y técnicas de documentación y registro con un enfoque de derechos humanos que incluyó la perspectiva de género.
“El informe da cuenta de que, en abril de 2018, se inició una de las crisis sociopolíticas más graves de los últimos años en Nicaragua, cuyas consecuencias sociales, económicas e institucionales permanecen y tienden a agravarse”, advierte el texto.
Marca como un comienzo posible “el cierre de espacios de participación y la política de obligar a estudiantes universitarios a formar parte de actividades progubernamentales, que provocaron protestas sociales masivas en distintas localidades del país, que fueron ferozmente reprimidas por agentes estatales, fuerzas de choque progobierno y grupos armados paraestatales”.
Las organizaciones señalan que en Nicaragua existe “una concentración de poder en Daniel Ortega y la degradación del Estado de Derecho desde hace más de dos décadas”, a partir del acuerdo “conocido como Pacto Alemán-Ortega, realizado en 1998 para consolidar un sistema bipartidista e instrumentar reformas constitucionales y electorales que permitieron el despojo del pluralismo político”.
Arnoldo Alemán fue alcalde de Managua y después presidente desde 1997 al 2002, y es líder del Partido Liberal Constitucionalista, uno de los pocos habilitados para participar en los comicios del pasado domingo 7.
El informe denuncia que “el Poder Judicial no estuvo exento de reformas para lograr también su absoluta subordinación”, advierte que las reformas electorales fueron “limitando el derecho a la participación de otros espacios políticos de la oposición, que dieron lugar al control absoluto por parte de Ortega sobre la Asamblea Nacional” y cuestionó que la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas “se encuentran subordinadas al presidente de la República”.
“En este Estado Policial, existen asimismo grupos paraestatales que vienen actuando en forma paralela y coordinada con la Policía Nacional y se conformaron Comités de Liderazgo Sandinista, como parte de los dispositivos de control social en las instituciones públicas”, indica el texto, que cifra en 3.850 las detenciones “arbitrarias y por causas políticas” desde julio de 2018 a mayo de 2020.
Las organizaciones manifiestan que “existe una persecución penal sistemática a líderes de diferentes sectores de la sociedad” y que, como parte de esa política, la Justicia Penal “arma expedientes judiciales contra líderes de diferentes sectores de la sociedad nicaragüense con una participación activa en la protesta social, calificándolos de `terroristas`, `golpistas` y `traidores a la patria`”.
Para los denunciantes, “los crímenes de lesa humanidad” en los últimos tres años de crisis sociopolítica se produjeron “con garantía de total impunidad, vulnerando los derechos de acceso a la justicia y el derecho a la verdad de las víctimas, sus familiares y la sociedad toda”.
El extenso documento releva seis “etapas de la represión”: 1) Represión generalizada a la protesta ciudadana; 2) Imposición de un Estado terrorista y la “Operación Limpieza” después de las protestas de 2018; 3) Criminalización de la protesta ciudadana, detenciones arbitrarias y presos políticos; 4) Prohibición de la protesta social, hacia un Estado de Excepción; 5) Secuestros exprés, torturas y cárceles clandestinas; y 6) Encarcelamiento y criminalización de opositores electorales.
El informe concluye con la denuncia de la falta de atención médica por parte del Estado a los manifestantes heridos en 2018, la falta de acceso a la libertad de prensa, el encarcelamiento de opositores y el asedio a periodistas y medios de comunicación que fueron confiscados de facto. (Télam)