(Por Gonzalo Torres, especial para Télam). Investigadores y académicos dieron cuenta hoy que la Masacre de Mapalpí "no fue un hecho aislado", sino que se inscribió en una trama histórica de "explotación y represión sistemáticas" a las comunidades originarias por parte del Estado y del poder económico dominante en los años previos y posteriores a 1924, cuando se cometió la matanza en el entonces Territorio nacional de Chaco.
Así quedó expuesto en la tercera audiencia del juicio oral por la verdad, que se realizó hoy en Resistencia, por los crímenes de lesa humanidad cometidos por el Estado contra unas 400 personas de las etnias Qom y Moqoit el 19 de julio de 1924, en lo que se denominó la Masacre de Napalpí.
Hoy se escuchó la declaración de los investigadores y académicos Francisco Romero Teresa Artieda, Laura Rosso, Gabriela Barrios, Alejandro Jasinski y Luciano Sánchez; el exdiputado Rubén Guillón y, por vía remota, el periodista y autor de un libro sobre el hecho, Pedro Solans.
Además se incorporaron por lectura los testimonios de Mario Irigoyen, hijo de la sobreviviente Melitona Enrique y de Carmen Rosa Delgado, hija de Rosa Chará, quién tenía 11 años cuando fue salvada de la masacre por su madre y su tía.
A modo de cierre de la jornada se reprodujo la filmación de una entrevista realizada el 6 de enero de 2020 por los fiscales Federico Carniel y Diego Vigay a Felipa Laleqori, hija de un sobreviviente de los fusilamientos.
La causa pasó a cuarto intermedio hasta el próximo 3 de mayo, día en que la audiencia se trasladará a la Casa de las Culturas de Machagai.
Para el martes próximo se prevé una extensa jornada (de 8.30 a 12 y luego nuevamente a partir de las 15 horas), con la declaración de siete descendientes de sobrevivientes de la masacre y de siete investigadores indígenas qom y moqoit.
A casi cien años de ocurridos los crímenes, el juicio carece de imputados porque los responsables de la masacre murieron, pero con este proceso el Estado asume la responsabilidad de establecer una verdad histórica e iniciar el camino hacia una reparación para los familiares de las víctimas.
La jueza federal Zunilda Niremperger preside el proceso, que tiene entre las querellas a la Secretaría de Derechos Humanos y Géneros de Chaco, representada por el abogado Duilio Ramírez; y al Instituto del Aborigen Chaqueño, representado por el letrado Miguel Núñez.
En tanto, la acusación del Ministerio Público Fiscal está a cargo de la Unidad Federal de Derechos Humanos que integran los fiscales Federico Carniel y Diego Vigay.
Los responsables políticos de la Masacre de Napalpí fueron el Gobernador del territorio nacional de Chaco, Fernando Centeno; el comisario de Resistencia, Roberto Sáenz Loza, y su lugarteniente, el comisario de Quitilipi, José B. Machado. (Télam)