El nuevo procurador general de la provincia de Salta, Pedro García Castiella, y el defensor general, Gabriel Chibán, asumieron en sus cargos durante una ceremonia de la que participó el gobernador Gustavo Sáenz, quien los propuso tras la renuncia de Abel Cornejo como titular del Ministerio Público, para asumir como ministro de Seguridad y Justicia.
“Participé del acto de toma de juramento del doctor Pedro García Castiella, quien desde hoy se desempeñará como Procurador General de la Provincia, y del doctor José Gabriel Chibán como Defensor General. Estoy convencido que trabajarán incansablemente por el bienestar de los salteños”, expresó Sáenz en un mensaje publicado en su cuenta de la red social Twitter.
“Con el nuevo procurador y el nuevo defensor tengo las mejores de las expectativas. Son dos hombres de bien que han trabajado toda su vida en la Justicia, han hecho carrera en ella”, indicó el mandatario.
Ambos funcionarios juraron ante la presidenta del Colegio de Gobierno del Ministerio Público, la asesora general de Menores e Incapaces Mirta Lapad, quien estuvo acompañada por el fiscal ante la Corte 1, Eduardo Sylvester.
El nuevo procurador, que se desempeñaba como Defensor General desde marzo de 2020, fue propuesto para el cargo por el Poder Ejecutivo, con acuerdo del Senado provincial, y ejercerá durante seis años.
García Castiella se recibió de abogado en 1992 en la Universidad de Buenos Aires, se especializó en derecho penal, fue asesor legal del Concejo Deliberante de Cerrillos, Convencional Constituyente, en 2016 fue contratado por el Ministerio de Justicia de la Nación, y estuvo a cargo de la Oficina de Anticorrupción de Salta, entre otras funciones.
El letrado reemplazará en el cargo a Cornejo, quien esta semana asumió como ministro de Seguridad y Justicia provincial, luego de la renuncia de Juan Manuel Pulleiro, mientras que Chibán, que era juez Civil y Comercial, será su reemplazante.
De la ceremonia participaron jueces de la Corte de Justicia de Salta, legisladores, ministros del Poder Ejecutivo, magistrados y funcionarios provinciales, del Ministerio Público y del Poder Judicial, entre otros. (Télam)