Tres empleados del Banco Central de la República Argentina (BCRA) y uno del Banco Provincia de Buenos Aires (Bapro) fueron citados a indagatoria en la causa en la que se investiga la supuesta "violación de secretos" en perjuicio del excamarista federal Eduardo Freiler, destituido por el Consejo de la Magistratura durante el gobierno de Cambiemos, informaron hoy fuentes judiciales.
Las indagatorias comenzarán el 21 de junio y fueron ordenadas por el juez federal Daniel Rafecas en el marco de un expediente en el cual el fiscal Franco Picardi había reclamado que fueran citados en calidad de imputados el expresidente del BCRA, Federico Sturzenegger, y el exdirector de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), Alberto Abad.
El pedido del fiscal había incluido también a otros exfuncionarios y agentes de esos organismos, de la Caja de Valores S.A., del Consejo de la Magistratura de la Nación y el Banco Provincia que actuaron en el período comprendido entre diciembre de 2016 y marzo de 2017.
Las citaciones se produjeron en la causa penal iniciada por Freiler a principios de 2017, cuando denunció que, sin orden judicial mediante, se revelaron datos fiscales y bancarios sobre su patrimonio, que fueron utilizados de modo ilegal en la causa por mal desempeño de sus funciones en el CMN que concluyó con su destitución en noviembre de ese año.
Cuando pidió las indagatorias, el fiscal sostuvo que cuando, en un hecho "sin precedentes", el Consejo de la Magistratura pidió información sobre el patrimonio de Freiler, omitió hacerlo de acuerdo a la normativa que impone la necesidad de la intervención de un juez y la existencia de una causa.
Agregó que en el caso de Freiler, los pedidos eran de carácter genérico, no focalizados, por lo que a su criterio se trató de una especie de "pesca informativa".
En aquel dictamen del que dio cuenta Télam, el fiscal Picardi repasó lo actuado en el juicio de destitución de Freiler y concluyó que el Consejo de la Magistratura carecía de facultades para disponer el levantamiento del secreto fiscal y bancario y que los organismos requeridos no debieron haber brindado la información respecto del excamarista federal. (Télam)