El Tribunal Oral en lo Criminal Federal (TOF) 1 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires dará a conocer hoy el veredicto del juicio conocido como "Sheraton III", por violaciones a los derechos humanos cometidas en un centro clandestino de detención que funcionó en la subcomisaría de Villa Insuperable, en el partido bonaerense de La Matanza
A partir de las 14, Ricardo Alberto Pascual, único acusado del proceso, dará sus últimas palabras y luego el Tribunal dará su veredicto, según confirmaron fuentes judiciales.
Pascual está acusado de la privación ilegal de la libertad y aplicación de tormentos, en grado de participe necesario, contra dos víctimas (una de las cuales aún permanece desaparecida) en el centro clandestino "Sheraton".
Al momento de los hechos, el acusado era teniente primero del Ejército y ocupaba el cargo de Oficial de Personal y Ayudante y se desempeñaba como integrante de la plana mayor del Grupo de Artillería 1 con sede en la localidad bonaerense de Ciudadela.
El tribunal, compuesto por los jueces Adrián Grünberg, José Antonio Michilini y Ricardo Basílico, juzga los hechos perpetrados en el centro clandestino de detención, que dependía del Primer Cuerpo del Ejército, bajo la estructura orgánica Zona 1, Subzona 11 y Área 114.
Los hechos que tuvieron como víctima a María de la Mercedes Victoria Joloidovsky fueron probados en el tramo anterior de la causa que llegó a debate.
En este juicio la acusación se centró sobre la intervención de Pascual en esos crímenes perpetrados contra esa víctima, que permaneció ilegalmente detenida en este centro clandestino de detención entre el 8 de marzo y el 12 de abril de 1978.
Joloidovsky había sido secuestrada el 22 de febrero de 1978 en el barrio porteño de Congreso y conducida al centro clandestino de detención "El Vesubio" y doce días después llevada a "Sheraton". Luego de haber permanecido más de un mes en ese centro clandestino, el 12 de abril fue llevada al Grupo de Artillería 1 y el 14 de abril fue trasladada a la Comisaría de Ramos Mejía.
Se le hizo un "Consejo de Guerra" y quedó detenida en una unidad penitenciaria hasta que en 1981 recuperó su libertad, según se detalla en la elevación a juicio de esta causa que presentó en su momento el Ministerio Público Fiscal.
La fiscal federal a cargo de la Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad, María Ángeles Ramos, solicitó en su alegato que se imponga cinco años de prisión a Pascual, detenido en prisión domiciliaria. “Pascual tenía funciones en la lucha contra la subversión y ejecutaba directivas que venían de los más altos mandos”, en el marco del plan sistemático desarrollado para reprimir ilegalmente a perseguidos políticos.
La fiscal dio por probado que el acusado “tuvo un obrar individual, un aporte concreto dentro de este plan delictivo. Se valió de su posición de la estructura de poder y a partir de ahí ejecutó ordenes, tomó decisiones, dio órdenes y contribuyó para que los delitos se configurasen y brindó los aportes indispensables para que se pudieran consumar por lo que deberá responder por una coautoría funcional”. (Télam)