Economía Agencia Télam 15 de julio de 2021

Organizaciones latinoamericanas sugieren un impuesto minimo del 25% para las multinacionales

Organizaciones nucleadas en la Red Latinoamericana por Justicia Economica y Social reclamaron hoy la necesidad de aplicar un impuesto global del 25% a las multinacionales, para afrontar las deudas sociales provocadas por la pandemia en

Organizaciones nucleadas en la Red Latinoamericana por Justicia Económica y Social (Latindadd) reclamaron hoy la necesidad de aplicar un impuesto global del 25% a las multinacionales, para afrontar las deudas sociales provocadas por la pandemia en el mundo y en la región.
Esta posición, plasmada en un encuentro virtual organizado por Latindadd, cuestiona el consenso logrado en la reciente cumbre de ministros de Finanzas y presidentes de bancos centrales del G20, respecto de una tributación mínima del 15% para las corporaciones.
Bajo la consigna "Alternativas frente a la crisis: Impuesto Mínimo global e impuestos a la riqueza", especialistas y referentes de organizaciones de la región llamaron a los gobiernos a discutir un impuesto mínimo global del 25%, y no el 15 % como acordaron los países del G20.
Entre otras presentaciones, el presidente de la Alianza Global para la Justicia Fiscal y asesor principal de políticas económicas de Tax Justice Network África, Dereje Alemayehu, cuestionó que las negociaciones sobre temas impositivos se lleven adelante en el marco de la OCDE, que a su juicio "no es neutral y bloquea negociar en otros foros".
Por su parte, Rodolfo Bejarano, referente e investigador de Latindadd, destacó el impacto de la pandemia en la región y cómo incrementó la desigualdad.
"Gran parte de la población se vio afectada por la pandemia, pero el patrimonio de los multimillonarios no. En la región se pasó de 76 multimillonarios con un patrimonio de US$ 284 mil millones en marzo del 2020, a 107 multimillonarios con US$ 480 mil millones en mayo de este año", subrayó.
Latindadd está integrada por instituciones y organizaciones sociales de países latinoamericanos que trabajan por la solución de los problemas derivados de la crisis sistémica, y para crear condiciones que permitan el establecimiento de una economía al servicio de la gente, en la que los derechos económicos, sociales y culturales se hagan vigentes.
También impulsa acciones de sensibilización, capacitación, vigilancia de las políticas públicas, análisis críticos, elaboración de propuestas alternativas, cabildeo y movilización desde la sociedad civil y sus movimientos sociales. (Télam)

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