El gobierno de Ecuador buscará duplicar su producción de petróleo en cinco años, venderá todas las estaciones de servicio de la petrolera estatal y promoverá “políticas públicas y normativas” para atraer al sector la inversión privada, según los lineamientos de una nueva política hidrocarburífera, que marca un cambio absoluto en la materia.
Las definiciones están contenidas en el decreto 965 que firmó hoy el presidente Guillermo Lasso, y que dispone “un Plan de Acción Inmediato para el sector”, con “políticas públicas técnico-operativas, principios de responsabilidad y sostenibilidad y acciones estratégicas de inversión”, según escribió el mandatario en su cuenta de la red Twitter.
El petróleo es la principal exportación de Ecuador y entre 2018 y 2020 representó alrededor de 28% de los ingresos del país, según estimaciones privadas.
Una de las metas del plan -que estará al mando del ministro de Energía, Juan Carlos Bermeo- es llevar la producción petrolera de los actuales 473.555 barriles diarios a un millón, un objetivo que el país se propone a cinco años y “abriendo el camino para la inversión privada”, explicó el presidente.
Entre las medidas concretas que Lasso ordenó para los próximos 100 días están las siguientes: implementar políticas públicas y normativa para atraer la inversión privada; reformular y revivir el modelo de Contrato de Participación, dejado de lado durante el mandato de Rafael Correa, para fomentar la exploración y explotación de hidrocarburos y reducir la exposición del Estado a los riesgos financieros, geológicos y ambientales; y promover procesos de licitación de áreas bajo el modelo de Contrato de Participación.
Esas licitaciones se harán “observando la normativa de consulta previa a las comunidades aledañas a los bloques y la protección de áreas intangibles y reservas naturales”.
Se buscará también que la estatal Petroecuador “identifique los campos productivos que deberían delegarse a la iniciativa privada para aumentar su rendimiento”, auditar el proceso de absorción de Petroecuador sobre la ya extinta Petroamazonas y contratar una consultoría internacional que diseñe un nuevo modelo de negocio para la firma.
Además, el decreto anuncia “un diagnóstico de los procesos de comercialización de petróleo y de combustibles de Petroecuador de los últimos 10 años, ya que la empresa se ha visto inmersa en varios escándalos de sobornos con firmas internacionales a las que vende su petróleo y su fuel oil” y establece como “prioridad” que el Ministerio de Energía avance en reformas legales para que la empresa “pueda captar recursos del sector privado para financiar sus operaciones”.
Lasso también ordenó a Energía que tome las acciones necesarias para “mejores prácticas empresariales y de buen gobierno corporativo en Petroecuador, para que la empresa pueda vender acciones en los mercados internacionales de valores”.
Y se pronuncia por una reforma a la Ley de Hidrocarburos, “para abrir campo a la inversión privada en el sector petrolero, con el objeto de aumentar la producción de crudo”.
El decreto también impulsa la venta de todas las estaciones de servicio de red de Petroecuador, un total de 48 en 10 provincias, según el sitio digital Primicias, junto a otras 204 que están afiliadas a su red pero no son de la empresa.
Lasso dispuso también que en no más de 60 días se haga un informe sobre el estado de las tres refinerías de Petroecuador y de los posibles procesos para concesionar estas plantas, y ordena a Energía que avance en una propuesta para la creación de un Fondo de Sostenibilidad Petrolera.
Este fondo de ahorro será alimentado de un porcentaje de la renta petrolera neta del Estado y el dinero se destinará a programas para la erradicación de la desnutrición infantil, y estará administrado por las carteras de Economía y Energía y tres ciudadanos independientes “de la sociedad civil”.
El decreto, leído por el secretario jurídico de la Presidencia, Fabián Pozo, establece que deberán estar claras las “causales para terminación contractual, así como cláusulas de arbitraje internacional acordes con la Constitución”.
El ministro Bermeo explicó que el decreto servirá para “la aplicación de buenas prácticas y de tecnologías modernas para optimizar la producción y reducir tiempos y procedimientos” en trámites administrativos, según consignó el diario El Universo, de Guayaquil. (Télam)