(Por María Laura Da Silva).- Los programas Registradas del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, y Mi Pieza de la cartera de Desarrollo Social apuntalan al sector más afectado por la pandemia y las brechas de género estructurales en la economía: mujeres trabajadoras de casas particulares y cuidados.
Ambas políticas se dirigen al sector económico del trabajo doméstico y de cuidados no remunerados, que más aporta al PBI según las estimaciones realizadas por el Ministerio de Economía (2020), con una participación de 15,9%, seguido por la industria (13,2%) y el comercio (13,0%).
En diálogo con Télam, Sol Prieto, coordinadoradel área de Presupuesto con Perspectiva de Género de la Dirección Nacional de Economía, Igualdad y Género, explicó que Registradas surge en el marco de un planteo integral del Ministerio de Economía “de integrar a las mujeres en la estrategia de recuperación y en el debate sobre el desarrollo y discutir qué rol tiene la economía de los cuidados en ese debate”.
La crisis de la pandemia Covid-19 produjo efectos negativos sobre la economía y reforzó las brechas de desigualdad preexistentes: en la Argentina, cinco de cada 10 mujeres participaba en el mundo del trabajo antes de la pandemia; y hacia el segundo trimestre de 2020, el más duro de la emergencia sanitaria, eran cuatro de cada 10.
Más de 1,5 millón de mujeres salieron de la actividad y la situación más crítica se observó en las mujeres jefas de hogar sin cónyuge y con niños y adolescentes a cargo -quienes enfrentaron las mayores cargas de cuidados-, con una caída en la actividad fue de 14 p.p.
El trabajo doméstico en casas particulares “es una actividad muy relevante para las mujeres y en las que se concentran, por así decir, todas las injusticias de género que estructuran el mercado laboral”, señaló Prieto.
La principal ocupación de las mujeres es el servicio doméstico remunerado: representa 16,5% de las mujeres ocupadas, y 21,5% de las asalariadas; tareas extremadamente feminizadas: el 96,5% son mujeres, según la Dirección Nacional de Economía, Igualdad y Género.
Asimismo, en el informe 2020 sobre “Condiciones de empleo, trabajo y salud de Trabajadoras Domésticas de Casas Particulares” del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, se estimó que existen cerca de 1,4 millones de personas que realizan trabajo doméstico en casas particulares, que cuentan con un bajo nivel de acceso a derechos como obra social (9,4%), aguinaldo (18,8%) y seguro de accidente (3,3%).
“Este sector presenta las condiciones más altas de informalidad, -hoy en 70% porque se destruyeron muchos puestos de trabajo informal, pero históricamente en torno a 75%- tiene los salarios más bajos y no había recibido un impulso desde el Estado” analizó Prieto, quien puntualizó que “esta es la primera política que va en ese sentido de recibir un incentivo económico para impulsar el sector”.
Desde el Mecon indicaron que alrededor de 350 mil puestos de trabajo, tanto formales como informales, se perdieron durante la pandemia, 26,1%.
En este marco, la socióloga del Conicet indicó que “si bien las trabajadoras domésticas de casas particulares durante 2020 recibieron el IFE, lo que quedó a la luz de toda esta situación fue que eran el único sector de toda la economía en términos productivos, en términos de medidas productivas o económicas, que no habían recibido nada, no habían recibido Repro ni ATP”.
Sobre este diagnóstico, en las últimas dos semanas el Gobierno nacional lanzó el programa "Registradas" para reducir la informalidad laboral en el sector de trabajadoras de casas particulares y promover su acceso y permanencia al empleo registrado.
Con ello apuntan en una primera etapa a llegar a “un universo de 30 mil personas que son los puestos formales que se perdieron, pero que aún así esto implicaría un incremento en la registración de más de 2 puntos porcentuales; que en un sector que tiene bajo porcentaje de registración es un avance”.
Al mismo tiempo, desde el Ministerio de Desarrollo Social se presentó el programa Mi Pieza, que apunta a brindar asistencia económica para el mejoramiento y ampliación de viviendas de mujeres en barrios populares inscriptos en el Registro Nacional de Barrios Populares (Renabap) y que ya cuenta con más de 50 mil preinscriptas.
En su presentación, la secretaria de Integración Socio Urbana, Fernanda Miño, planteó que "en la mujer recae la gran responsabilidad de llevar adelante sus hogares; es un programa dirigido a ellas que están a cargo de las tareas de cuidado, muchas veces no remunerada ni reconocida por la sociedad, y para que puedan mejorar ese lugar en el que están todos los días”.
De acuerdo con los datos del Renabap, en junio de 2021 existía un total de 923.583 familias que vivía en 4.416 barrios populares en todo el país.
En este sentido, los datos relevados por la Secretaría de Integración Socio Urbana del Ministerio de Desarrollo Social dan cuenta de esta realidad, al mostrar que las mujeres componen 88% de los hogares a cargo de una sola persona en los barrios populares, y de ellas sólo 31% percibe ingresos por su trabajo y 34% trabaja sin ingresos (71% y 1% para los varones respectivamente).
Además, de un total de 551 mil Certificados de Vivienda Familiar, 443 mil cuentan con al menos una mujer mayor de 18 años registrada y empadronada, 80% del total.
Esta política se dirige no solamente a quienes fueron más afectadas por la crisis económica, sino también por la crisis de los cuidados, fortaleciendo la protección social vinculado al derecho a la vivienda y al mejoramiento de las condiciones de habitabilidad para niños, niñas y adolescentes que están a su cuidado. (Télam)