Integrantes de comunidades indígenas de la provincia de Jujuy emitieron un manifiesto hoy en el que piden la prórroga de la ley nacional de emergencia territorial y así “evitar” avasallamiento en sus territorios al tiempo que denunciaron diversas intromisiones en los pueblos originarios.
El pedido de los colectivos jujeños se dio a conocer luego de llevar adelante la segunda Asamblea Provincial de Pueblos Indígenas que reunió en la localidad de Huacalera a referentes de las cuatro regiones de la provincia.
En ese marco remarcaron su posicionamiento respecto a la prórroga de la ley 26.160 de Emergencia Territorial Indígena, la cual vence en noviembre próximo, por lo que consensuaron con comunidades indígenas preexistentes del territorio nacional en “exigir” ante el Congreso de la Nación Argentina la “inmediata” instrumentación de ley de Propiedad Comunitaria Indígena reconocida desde 1994 en la Constitución Nacional.
El requerimiento busca “evitar el avasallamiento, vulneración de derechos e intento de despojo sobre los territorios de nuestras Comunidades Indígenas Preexistentes”, indicaron en un manifestó en el coincidieron todos los comuneros.
Sobre ese punto exigieron al Poder Judicial, “la aplicación plena y efectiva de todo el marco jurídico reconocido a favor de los Pueblos Indígenas; como así también la derogación de leyes provinciales inconsultas e inconstitucionales como la ley 5915, 6080, 6097, 6235”, entre otras.
Más adelante analizaron que el “Gobierno de Jujuy, la oligarquía terrateniente, multinacionales y mineras usurpan el territorio y provocan daños irreversibles a la Madre Tierra, poniendo en riesgo así la vida de toda la Humanidad”.
Entre otros conflictos enumeraron los ocasionados por el desarrollo de proyectos mineros como los de litio en el Departamento de Susques, además de las explotaciones de otros minerales en Pirquitas-Chinchillas, o emprendimientos de energía solar como Cauchari.
Ante esa situación denunciaron que la Comunidad Ayllus Huichaira, plena Quebrada de Humahuaca, “empresarios vitivinícolas, entubaron el agua”; por otra parte se dictaron “medidas judiciales que prohíben el acceso al agua y energía eléctrica, como es el caso que perjudica a la Comunidad Cueva del Inca en Tilcara.
Asimismo, repudiaron “múltiples desalojos y negocios Inmobiliarios impulsados por la inmobiliaria Remax en la localidad de Huacalera”, además de la “intromisión ilegal sin consulta, libre, previa e informada, ni consentimiento en la comunidad de Rodero (Humahuaca), donde ingresaron máquinas de vialidad provincial destruyendo un sitio sagrado de la comunidad.
Más adelante se pronunciaron en contra de la posible “explotación minera en la zona, de las Comunidades de Alonso, Mudana, Yala de Monte Carmelo, Loma Larga”, donde se registran “pedimentos mineros que incluyen dos Escuelas Primarias”.
“El gobierno provincial también es cómplice y un gran violador de nuestros derechos y territorio, usando ese poder para dominar y excluir a los verdaderos dueños y poseedores ancestrales del territorio”, enfatizaron.
Los referentes indígenas jujeños expresaron: “Nuestros mayores lucharon por la libre determinación y el Sumaj Kawsay (buen vivir), conviviendo en armonía y equilibrio con la madre tierra, resguardando el territorio y los bienes naturales con la plena conciencia que estos elementos son la garantía de vida de las futuras generaciones y de toda la humanidad”.
Para concluir, consideraron que es “tiempo de aplicar todo el marco jurídico reconocido a nivel nacional y a través de tratados internacionales; como parte de la reparación histórica y la deuda que tiene el Estado hacia los Pueblos Indígenas”, sostuvieron.
Por otro lado, un grupo de comunidades originarias emprendieron este lunes una caminata desde la ciudad de La Quiaca hasta la capital jujeña llevando por cada pueblo de los reclamos colectivos.
La marcha que se repite en los últimos años prevé llegar el próximo 11 de octubre hasta la gobernación jujeña, la cual tiene como premisa “la defensa del agua” y los territorios ancestrales. (Télam)