Nicaragua inicia hoy oficialmente la campaña para los comicios presidenciales del 7 de noviembre próximo, en las que el líder sandinista Daniel Ortega se encamina a renovar su cuarto mandato consecutivo, ya que la detención de sus rivales políticos y la ilegalización de partidos no dan lugar a sorpresas, una situación repudiada tanto dentro como fuera del país centroamericano.
Ortega, de 75 años, encabeza la alianza Nicaragua Triunfa, liderada por el Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN), con el que deberá medirse en elecciones frente a otros candidatos como Alfredo Montiel, de la Alianza Liberal Nicaragüense (ALN); Mauricio Orúe Vásquez, del Partido Liberal Independiente (PLI); Walter Espinoza, del Partido Liberal Constitucionalista (PLC); Guillermo Osorno, de Camino Cristiano Nicaragüense; y Gerson Gutiérrez Gasparín, de la Alianza por la República (APRE).
Pese a estar en el poder desde 2007, tras dos reelecciones sucesivas, y que en las últimos comicios de 2016 toda la oposición sumada solo alcanzó el 25% de los votos, lejos del 72% que sumó el FSLN, la campaña electoral se dará en un contexto polémico e irregular.
Desde junio, las detenciones de 37 dirigentes opositores, acusados de lavado de dinero, conspiración y promoción de medidas contra Nicaragua, puso a las elecciones bajo un clima tenso.
Los precandidatos que fueron detenidos son el excanciller José Pallais, el politólogo Félix Maradiaga, el economista Juan Sebastián Chamorro, el exdiplómatico Arturo Cruz, la periodista Cristiana Chamorro -que se perfilaba como la principal competidora de Ortega-, el economista Noel Vidaurre, el también periodista Miguel Mora y el dirigente campesino Medardo Maidena.
Además, también está la exmodelo Berenice Quezada, que iba a ser la segunda en la fórmula de Ciudadanos por la Libertad (CxL), que llevaría al frente al exjefe de la Resistencia Nicaragüense (conocidos como "los contras") Oscar Sobalvarro.
Todas las detenciones excepto una se hicieron al amparo de una ley que tiene apenas 224 palabras, dos artículos y que fue votada en solo 24 horas por el Congreso, dominado por el oficialismo.
A los 37 detenidos de este año se suman los más de 120 nicaragüenses presos después de haber participado de las protestas contra Ortega en 2018, cuya represión dejó más de 300 muertos y miles de exiliados.
La serie de arrestos generó repudios de prácticamente todas las organizaciones de derechos humanos y de varios bloques de países.
"Las elecciones que realizará Nicaragua no serán libres ni democráticas ya que el gobierno de Ortega ha detenido a una enorme cantidad de opositores. Sólo un proceso electoral creíble, incluyente y transparente, acorde con los estándares democráticos internacionales, puede ofrecer una salida a la crisis social, política y económica", advirtió la Unión Europea (UE).
Por su parte, los cancilleres de Canadá, Colombia, Ecuador, Francia, República Dominicana, Chile, Reino Unido y Estados Unidos emitieron el jueves pasado una declaración sobre el "rompimiento" del orden democrático en Nicaragua.
Estados Unidos, que además sancionó a varios funcionarios del Gobierno nicaragüense, consideró que el proceso electoral "perdió toda credibilidad".
El Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos (OEA), en tanto, condenó las detenciones de opositores y cuestionó que el gobierno de Ortega no implementara las reformas electorales que la organización recomendó.
Finalmente, Amnistía Internacional evaluó el pasado 2 de agosto que "la permanencia de Ortega perpetuaría la impunidad por las graves violaciones a los derechos humanos y crímenes del derecho internacional cometidos bajo su mando".
Con ese cuadro de fondo, el primer domingo de noviembre se elegirán, además, 90 diputados para la Asamblea Nacional y 20 para el Parlamento Centroamericano.
La campaña se desarrollará en medio de restricciones por un repunte de contagios de la Covid-19, sin autorizaciones para caravanas, ni aglomeraciones de más de 200 personas, entre otras medidas. (Télam)