Una ley que busca fomentar la construcción de residencias para estudiantes universitarios a través de incentivos fiscales, fue reglamentada hoy por el Gobierno porteño tras ser aprobada en octubre del año pasado con críticas del arco opositor.
La norma busca ampliar la oferta de este tipo de alojamientos para estudiantes nacionales y extranjeros y fue presentada por el jefe de gobierno Horacio Rodríguez Larreta ante representantes del sector hotelero, inmobiliario, universidades y desarrolladores.
"La iniciativa busca fomentar la construcción de nuevas residencias universitarias y la remodelación de las ya existentes para aumentar la oferta de camas disponibles y así mejorar la experiencia de quienes eligen a Buenos Aires como destino para cursar sus estudios", señalaron desde la administración porteña.
En ese sentido, quedó estipulado que quienes inviertan en la construcción, remodelación, mejora y equipamiento de residencias podrán recuperar entre un 30% y un 60% de la inversión realizada mediante un crédito fiscal computable contra el pago del impuesto porteño sobre los Ingresos Brutos.
Según un estudio que anualmente realizan la Universidad de Buenos Aires y el Gobierno porteño, los estudiantes internacionales dejaron $26.401,4 millones en 2019, el 1,06% del Producto Bruto Geográfico de la Ciudad, en concepto de gastos en aranceles universitarios, alojamiento, consumo durante su estadía y visitas de familiares y amigos.
Sin embargo, la oferta de residencias estudiantiles es escasa dado que existen sólo 1.100 camas de este tipo distribuidas en 38 residencias.
La ley en cuestión fue aprobada con 39 votos a favor y 20 en contra en la sesión del 22 de octubre, tras recibir críticas por parte de la principal fuerza opositora, el Frente de Todos (FdT).
Cecilia Segura, del FdT, expresó durante el debate que la iniciativa "no establece ningún beneficio para los estudiantes, ya que se propone ampliar la oferta y mejorar la posibilidad de alojamiento para turistas, estudiantes internacionales y extranjeros que lleguen al país por motivos laborales, es decir, aquellos que pueden pagar".
"Han argumentado que ampliar la oferta reduce el precio, pero eso no es así. Los beneficios de este proyecto son para quienes pueden invertir, es decir aquellos que tienen dólares, algunas constructoras", remarcó. (Télam)