El Gobierno de Bolivia presentará una demanda civil contra el exministro de Gobierno de la última administración de facto de ese país, Arturo Murillo, quien actualmente se encuentra arrestado en Estados Unidos por un negociado en la compra de materiales antidisturbios para la policía, anunció hoy el procurador general, Gonzalo Chávez.
"La cuantificación (del monto por el que sería demandado Murillo) la tendremos luego de que avancemos la acción civil estos días y la presentemos en Miami", dijo Chávez a la televisión estatal.
El procurador hizo la declaración a una enviada especial de la televisora en esa ciudad estadounidense, donde el exministro se encuentra detenido desde hace más de dos semanas para enfrentar un proceso penal por corrupción y lavado de dinero, derivado del mismo negociado.
Murillo fue detenido junto a otro exfuncionario boliviano y tres ciudadanos estadounidenses.
Chávez confirmó que la audiencia de lectura de cargos al funcionario del Gobierno de facto de Jeanine Áñez, en principio prevista para hoy, fue pospuesta hasta el 9 de julio, mientras se esperaba que prosigan en Estados Unidos los procesos contra otros dos procesados en el mismo caso, Luis y Bryan Berckman.
El procurador general dijo que Murillo enfrenta la posibilidad de varios juicios en Bolivia, aparte de los procesos en Estados Unidos.
El exministro, quien fue el hombre fuerte del Gobierno transitorio de Áñez (entre noviembre 2019 y noviembre 2020), hizo en los primeros meses de esa gestión la compra de los materiales antidisturbios para la policía por la cual ahora está procesado.
Chávez, miembro del gobernante Movimiento Al Socialismo y otrora abogado del expresidente Evo Morales, reveló que, para los procesos en Miami contra Murillo y sus supuestos cómplices, Bolivia contrató un estudio de abogados que buscará recuperar el dinero que se habría malgastado y el daño económico emergente.
"El juicio civil que vamos a instaurar aquí (Miami) será para recuperar el dinero de los bolivianos y establecer el daño que se ha ocasionado al país en tiempos de pandemia, cuando el país estaba encapsulado; (...) cuando estábamos atemorizados en las casas, estaban haciendo infelizmente semejante delito", dijo, citado por el portal ruso de noticias Sputnik.
Según la investigación policial que dio lugar al arresto de Murillo, el exministro y sus socios pagaron un sobreprecio de hasta 2,4 millones de dólares en la compra de materiales policiales valuados en 3,2 millones y trataron luego de "lavar" en la banca estadounidense el soborno que recibieron por esa operación.
Chávez dijo que Bolivia respetará las decisiones de la justicia estadounidense, inclusive un eventual acuerdo de Murillo con la fiscalía que habría motivado el aplazamiento de la audiencia, y esperaba que luego sea posible la extradición del exministro a La Paz.
En Bolivia el exministro debe enfrentar procesos ya planteados por violaciones constitucionales en el golpe de Estado que puso a Áñez en la Presidencia, violaciones de derechos humanos y diversas demandas por corrupción y otros delitos.
En una declaración paralela, el secretario general de la Fiscalía General, Edwin Quispe, dijo en la ciudad sureña de Sucre que el aplazamiento de la audiencia de lectura de los cargos contra Murillo, en Miami, no afectaría a los procesos planteados o por presentarse en Bolivia contra la exautoridad.
"El próximo 9 de julio conoceremos la situación procesal (del exministro) para definir las acciones que nosotros como estado podamos adoptar", dijo, destacando que, entretanto, había una cooperación fluida entre las fiscalías de Bolivia y Estados Unidos.
Añadió que por ahora la fiscalía boliviana no consideraba la posibilidad de enviar un representante u observador a los procesos judiciales en Estados Unidos. (Télam)