El primer ministro británico, Boris Johnson, renovó de "forma imprudente" su apartamento oficial en Downing Street sin preocuparse de cómo se financiarían las obras, pero no cometió ningún delito, concluyó un informe publicado el viernes por uno de sus asesores.
Johnson autorizó "imprudentemente" la renovación de su residencia oficial sin "tener una visión rigurosa de cómo se financiaría", consideró Christopher Geidt, el nuevo asesor del gobierno británico responsable de garantizar el cumplimiento del código ético ministerial.
Sin embargo, Geidt, exsecretario personal de la reina Isabel II, eximió al primer ministro de cualquier conflicto de intereses.
Las lujosas obras de renovación provocaron un escándalo político en abril último, cuando se acusó a Johnson de querer financiarlas con donaciones privadas.
La renovación del apartamento donde vive en Downing Street con su prometida Carrie Symonds y el bebé de ambos había costado hasta 200.000 libras (284.000 dólares, 232.000 euros), según los medios, superando con creces el presupuesto gubernamental anual de 30.000 libras.
Se llegó a considerar la creación de un fideicomiso de Downing Street para pagar la remodelación, idea que luego se abandonó, y un rico donante del Partido Conservador pagó en parte la factura, reportó la agencia de noticias AFP.
Pero Geidt afirmó que Johnson "no sabía nada" sobre la financiación de las obras, que habían comenzado mientras estaba gravemente enfermo de Covid-19 a principios de abril de 2020. No se enteró hasta febrero de 2021 tras las filtraciones a los medios y pagó él mismo la factura en marzo, según su asesor.
El propio Johnson había negado en abril ante el Parlamento toda irregularidad. Aseguró haber "cubierto los costos" de la obra, pero evitó decir si había recibido o no una donación inicial que posteriormente devolvió.
"El informe independiente de Lord Geidt demuestra que el primer ministro siempre ha actuado de acuerdo con el código ministerial", afirmó un portavoz de Downing Street.
El incumplimiento de ese código es motivo de dimisión.
Además del informe de Geidt, cuya independencia ha sido cuestionada por los diputados de la oposición, la Comisión Electoral puso en marcha su propia investigación en abril tras encontrar "motivos razonables para sospechar que pueden haberse producido una o más infracciones".
La comisión, que regula la financiación de los partidos, puede exigir el reembolso de las donaciones dudosas e imponer multas, o incluso remitir el asunto a la policía para que lo investigue penalmente. (Télam)