La Fiscalía de Perú sostuvo hoy que las esterilizaciones forzadas llevadas a cabo durante el Gobierno del expresidente Alberto Fujimori constituyen violaciones de los derechos humanos y reclamó justicia para las más de 1.300 víctimas.
El fiscal a cargo, Pablo Espinoza, dijo que el caso no prescribió, como sostiene la defensa de Fujimori, y reiteró que la Justicia peruana debe abrir una investigación al respecto.
En una audiencia de sustentación de cargos por el caso, Espinoza reiteró que no se puede negar a las más de 1.300 víctimas de este caso el derecho a la justicia, el derecho a ser escuchadas y el derecho a que se sancione a los responsables, informó la emisora RPP.
"Las esterilizaciones forzadas son una violación de los derechos humanos. No puede tomar un argumento tan básico como el que señala la defensa y es el de prescribir la acción penal", reiteró el fiscal.
Asimismo, Espinoza rechazó otro argumento de la defensa del expresidente, que sostiene que Fujimori no tendría responsabilidad como "autor mediato" de las esterilizaciones, e hizo hincapié en que el derecho a la verdad y a la justicia debe prevalecer.
"No nospuede decir que el denunciado Alberto Fujimori no tuvo participación cuando vemos (...) cómo se le informaba" lo que ocurría, insistió.
La audiencia por el caso de las esterilizaciones forzadas se reanudó ayer.
Además de Fujimori, se acusa a los exministros Eduardo Yong, Marino Costa Bauer y Alejandro Aguinaga por delitos de lesiones graves seguido de muerte contra cinco mujeres y lesiones graves contra 1.300 personas.
Los cuatro están acusados de forzar a casi 350.000 mujeres y 25.000 hombres a someterse a procesos de esterilización a través de un plan del Gobierno para reducir la natalidad de las regiones rurales y delas comunidades indígenas del país.
Unas 2.073 mujeres denunciaron ante grupos locales e internacionales de defensa de los derechos humanos que se les ligaron las trompas sin su conocimiento o consentimiento, y al menos 18 murieron como resultado de la cirugía.
Actualmente Fujimori está cumpliendo una condena de 25 años de prisión por las masacres de Barrios Altos (1991) y La Cantuta (1992), en donde, amparándose en una supuesta operación antiterrorista, los militares asesinaron a una veintena de personas. (Télam)