La asociación civil Memoria Activa, que nuclea a familiares de víctimas del atentado a la AMIA, denunció presiones del macrismo sobre una de las juezas que juzgó el encubrimiento del atentado contra la mutual judía y reclamó que sea apartada de intervenir en un segundo tramo de la misma causa.
El pedido –informado hoy a través de un comunicado de prensa- fue presentado luego de que el portal de noticias El Destape informara la semana pasada que se había encontrado una nota en el celular de Darío Nieto, secretario privado del expresidente, Mauricio Macri, referido a la jueza y al juicio en cuestión.
El texto citado por Memoria Activa "sugiere un contacto" del Gobierno de Macri con Karina Perilli mientras integraba el tribunal del juicio por el encubrimiento del atentado a la AMIA, por esa razón, y "dado que la magistrada debe también juzgar un segundo tramo de la causa, es que pedimos su apartamiento", informaron desde a la asociación.
"Según las pericias informáticas, el teléfono de Nieto contenía el mensaje 'Llamar lunes' a 'Cozzi - mujer es la jueza de la AMIA, xq no lo cerró?' (sic) con fecha 12 enero de 2019, un mes antes de la sentencia del juicio oral y público, que cerró sin condenas para algunos imputados y penas sorpresivamente bajas para otros", remarcaron desde Memoria Activa en el comunicado.
Desde esa asociación recordaron que para ese entonces ya habían denunciado "las maniobras de presión para salvar a algunos acusados cercanos al macrismo, con aparición en la sala de audiencias de enviados del Gobierno y la eliminación, a último momento, de los exfiscales Eamon Mullen y José Barbaccia de los pedidos de condenas realizado por la querella representante del Estado".
"Este hecho se evidenció, a su vez, con la difusión de un audio de la entonces vicepresidente Gabriela Michetti del que se desprende un pedido de evitar las condenas a Mullen y Barbaccia", agregaron en alusión al reclamo que la vicepresidenta le había hecho al extitular de la Unidad Amia del Ministerio de Justicia, Mario Cimadevilla, quien renunció al cargo y denunció maniobras de encubrimiento.
"El mensaje de Nieto insinúa presiones al tribunal y es un elemento más del intento del Gobierno de Macri de evitar la condena a los encubridores amigos. Si hace dos años nos preguntábamos hasta dónde llegaron los intentos desde el Poder Ejecutivo para salvar a los amigos, hoy esa respuesta comienza a aparecer: hasta los mismísimos jueces", aseguraron los integrantes de Memoria Activa en el comunicado.
El TOF 2, que integra Karina Perilli, aún debe juzgar otro tramo de la causa encubrimiento, en el que están imputados el excomisario de la Policía Bonaerense Luis Vicat (excolaborador del condenado exjuez Juan José Galeano) y la abogada María Parascándalo (abogada de un eximputado en la causa AMIA) por coacción a testigos para que declaren a favor de la armada pista policial.
"Si bien cabe la posibilidad de que la reacción de Perilli a las presiones haya sido éticamente correcta, no es posible despejar por completo las sospechas en relación a conversaciones irregulares y sus consecuencias, tanto en su momento como las que pudiesen venir en la próxima etapa de la causa encubrimiento", señalaron desde la Asociación que nuclea a familiares de víctimas del atentado acaecido el 18 de julio de 1994.
En este contexto, "aún seguimos esperando que la sala 2 de la Cámara Federal de Casación Penal revierta las escandalosas sentencias del TOF 2 y condene a los encubridores con penas ejemplares", señalaron.
"La causa AMIA no soporta más desprolijidad ni mínimas sospechas de irregularidades. Las víctimas, los familiares y toda la sociedad argentina merecemos, de una vez por todas, un proceso justo y serio, que traiga verdad y justicia, y evite nuevos atentados y nuevos encubrimientos. Que evite la impunidad", reclamaron.
En febrero de 2019, el destituido juez federal Galeano fue condenado a seis años de prisión por el encubrimiento del atentado a la AMIA, mientras que el expresidente Carlos Menem resultó absuelto.
El Tribunal Oral Federal (TOF) 2 que además condenó al ex jefe de la SIDE, Hugo Anzorreguy, a 4 años y seis meses de prisión y declaró que los hechos juzgados constituyen "graves violaciones a los derechos humanos".
Los ex fiscales Mullen y Barbaccia fueron condenados a dos años de prisión de ejecución condicional, aunque no por el encubrimiento del atentado sino por la violación de los deberes de funcionario público. (Télam)