La nueva Asamblea Legislativa de El Salvador aprobó anoche, en su primera iniciativa, la destitución de los jueces de la Sala de lo Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, de sus suplentes, y del fiscal general de la Nación, Raúl Melara.
La Asamblea, aliada del presidente Nayib Bukele, levantó con esta primera iniciativa veloces críticas de organizaciones locales e internacionales, consignó la agencia de noticias Europa Press.
En la primera sesión plenaria, la diputada y vicepresidenta de la Asamblea, Suecy Callejas, puso a votación una solicitud de dispensa de trámite para discutir la destitución de los cinco magistrados de la Sala de lo Constitucional, que finalmente fue aprobada con 64 votos, todos oficialistas, una mayoría obtenida en las elecciones del último 28 de febrero.
Apenas aprobadas las destituciones, los magistrados Luis Javier Suárez, Héctor Naúm García, José Ángel Pérez, Elsy Dueñas Lobos y Óscar Alberto López Jérez fueron propuestos para sustituir a los depuestos José Óscar Pineda Navas, Aldo Cáder, Carlos Avilés, Carlos Sánchez y Marina Marenco de Torrento.
Los argumentos esgrimidos por la nueva Asamblea de mayoría oficialista fueron las decisiones que tomó la sala en relación a cuestiones de la pandemia, como por ejemplo la declaración de inconstitucionalidad de varios decretos ejecutivos, violando presuntamente la Constitución.
No obstante, tras la decisión de la Asamblea, el Tribunal Constitucional emitió una resolución que declara como inconstitucional la deposición de los jueces, lo que abre un conflicto de poderes.
"Declárase que la decisión de la Asamblea Legislativa de destituir a los magistrados de esta Sala de lo Constitucional es inconstitucional, en tanto que viola la forma de gobierno republicana, democrática y representativa y el sistema político pluralista", describe la sentencia, que detalla que hay una "marcada intención" de suprimir los controles hacia el Ejecutivo y el Legislativo.
Tras cartón, la Asamblea Legislativa pidió la destitución del fiscal general del país, Raúl Melara, una decisión que "corresponde a sus evidentes actuaciones y decisiones con claras motivaciones políticas, lo que pone en tela de juicio su objetividad, independencia e imparcialidad", argumentaron.
"El actual fiscal general de la República ha incumplido con su obligación constitucional de defender los intereses del Estado y de la sociedad, por complacer a grupúsculos de poder político y económico, cuyo objetivo es defender intereses oscuros en contra del pueblo salvadoreño", precisó el órgano legislativo a través de su cuenta de Twitter. (Télam)