Un exsenador de la oficialista Unión Demócrata Independiente (UDI) de Chile logró hoy notoriedad al convertirse en el primer dirigente del país en ser condenado a cárcel por delitos de corrupción cometidos en ejercicio del cargo: una pena de 5 años y un día de cárcel por fraude al fisco y otra de 600 días por cohecho.
Jaime Orpis fue condenado en un fallo de alrededor de 3.000 páginas del tercer Tribunal Oral de Chile por haber recibir dinero en 2013 del entonces gerente de la empresa Corpesca -la mayor firma pesquera de Chile- para favorecerla durante el debate legislativo de una nueva Ley de Pesca.
El exsenador sigue afirmando que no aceptó ese soborno.
“Así como desde el principio asumí y respondí por lo relacionado al financiamiento de la política, independiente de que haya sido una práctica general, hoy reitero con toda mi fuerza, que no cometí cohecho. Nunca nadie compró mi conciencia ni mi voto, ni vendí mi libertad”, reiteró hoy en un comunicado difundido a la prensa.
Orpis deberá cumplir de forma sucesiva ambas condenas, relató la jueza Claudia Bugueño durante la lectura de la sentencia, aunque se le restará el tiempo que ya estuvo en prisión preventiva y domiciliaria, por lo que finalmente pasará en la cárcel más de tres años.
Deberá pagar, además, una multa de más de 150.000 dólares -podrá hacerlo en 12 cuotas- y quedó inhabilitado para ejercer cargos públicos.
Junto a él y en el marco de la misma investigación, fue condenada también la exdiputada independiente Marta Isasi por el delito de cohecho, pero la sentencia de 50 días de prisión impuesta ya la cumplió durante la investigación en arresto domiciliario, reportó la agencia de noticias AFP.
Después de una serie de denuncias por el irregular financiamiento de la política que estalló en Chile durante el Gobierno de la socialista Michelle Bachelet (2014-2018), sólo el caso del dirigente opositor Orpis terminó en una sentencia de cárcel.
En el resto de los casos, en su mayoría por el uso de facturas falsas o por servicios en realidad no prestados, los juicios fueron archivados al cambiar el criterio del Servicio de Impuestos Internos para perseguir a las empresas que financiaron ilegalmente campañas políticas en el país.
En cuanto a la empresa Corpesca, tendrá que pagar una multa de más de 700.000 dólares.
El titular de la UDI –partido que integra la alianza gobernante del presidente Sebastián Piñera-, Javier Macaya, señaló que aunque en el "ámbito humano obviamente es doloroso" lo ocurrido, corresponde “respetar las decisiones judiciales”, reportó el sitio del diario El Mercurio.
La defensa de Orpis puede solicitar la nulidad del juicio a la Corte de Apelaciones de Santiago, para lo que tiene un plazo de 10 días.

(Télam)