Mundo Agencia Télam 22 de febrero de 2021

La justicia brasileña acepto denuncia contra enfermera acusada de aplicar falsa vacuna a anciano

La Justicia de Rio de Janeiro acepto hoy una denuncia de la Fiscalia contra una enfermera acusada del delito contra la salud publica por supuestamente aplicar falsas vacunas contra el coronavirus a ancianos, en un hecho que resulto no ser el unico y

La Justicia de Río de Janeiro aceptó hoy una denuncia de la Fiscalía contra una enfermera acusada del delito contra la salud pública por supuestamente aplicar falsas vacunas contra el coronavirus a ancianos, en un hecho que resultó no ser el único y que causó indignación en todo Brasil, además de una fuerte repercusión mundial.
La jueza Daniela Barboza de Souza decidió imputar a la técnica de enfermería Rozemary Gomes Pita pero optó por no pedir su detención, "al menos de momento", porque no tiene antecedentes penales y cuenta con dirección conocida, entre otros motivos, según el portal de noticias G1.
La enfermera, que fue apartada del cargo, participaba en la campaña de inmunización, pero en el momento de aplicar la dosis a un anciano la jeringa solo contenía aire.
La familia descubrió la irregularidad al llegar a su casa y revisar el video que grabaron con su celular, que luego se viralizó y despertó una ola de repudio generalizado y de alcance global.
Cuando fue interrogada por la Policía Civil, la imputada alegó que estaba "extremadamente cansada y estresada".
La Fiscalía pidió su prisión provisional al entender que su libertad pone en peligro la salud pública.
La enfermera fue despedida de la Secretaría Municipal de Salud de Niteroi, municipio de Río de Janeiro, donde trabajaba, y la jueza decidió que comparezca todos los meses ante la Justicia hasta que se realice el juicio.
En las últimas semanas se detectaron varios casos de falsa vacunación en Brasil, al menos en las ciudades de Río de Janeiro, San Pablo, Petrópolis, Goiana y Maceió, reseñaron medios locales y la agencia de noticias Sputnik.
El impactante episodio dio lugar a que las autoridades sanitarias autorizaran a familiares a filmar y fotografiar al personal sanitario cuando realiza las aplicaciones.
El ilícito contempla penas de hasta 12 años de prisión. (Télam)

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