Los cuatros funcionarios del Registro Civil y Capacidad de las Personas de Salta y el permisionario de estacionamiento medido detenidos ayer, en el marco de una serie de allanamientos concretados por una investigación iniciada por la venta de actas de matrimonio, nacimiento y defunción, entre otros trámites oficiales, fueron imputados hoy por la fiscal que está a cargo de la causa.
Fuentes del Ministerio Público de Salta informaron que la fiscal de la Unidad de Delitos Económicos Complejos, Ana Inés Salinas Odorisio, imputó hoy, por los delitos de fraude en perjuicio de la administración pública y concusión -en un número indeterminado de hechos-, en concurso real, a los cinco detenidos ayer.
Se trata de Marcelo Gerardo Romero, Aldo Daniel Gómez, Mauro Cristóbal Paz y José Antonio Daruich, que fueron acusados en carácter coautores, mientras que a José Waldo Mercado lo imputaron como partícipe necesario.
Asimismo, fueron imputados por el delito de asociación ilícita en concurso real y a título de autores, por haber formado parte de una organización con división de tareas, con permanencia y de manera organizada, encaminados a cometer indeterminados hechos ilícitos en contra de la Administración Pública Provincial.
Según consta en el decreto de imputación, Mercado, quien se desempeñaba como permisionario -cobrador de estacionamiento medido-, procedió a captar en la vía pública a un número indeterminado de personas y les solicitaba dinero, para que, a través de funcionarios del organismo, situado en la calle Almirante Brown 160, de la capital salteña, se realice el trámite.
Así, los imputados Romero, Gómez, Paz y Daruich, abusando de la función desempeñada como funcionarios públicos y actuando en connivencia con Mercado, expidieron instrumentos del Registro Civil con la leyenda “trámite oficial”, o sea sin arancel o con un valor menor al cobrado, lo que generó un importante perjuicio patrimonial a la Hacienda Provincial.
La intervención de la Unidad Fiscal de Delitos Económicos Complejos inició a partir de la denuncia de una funcionaria del Registro Civil, quien tomó conocimiento que personas desconocidas se estarían beneficiando con la venta no autorizada de actas de nacimiento, matrimonio y otra documentación. (Télam)