La Cámara Federal porteña confirmó al fiscal Franco Picardi en la causa que investiga supuestas irregularidades cometidas en 2016, cuando se suscribieron obligaciones negociables de las empresas Arcor SA y Cablevisión SA por parte del Fondo de Garantías de Sustentabilidad (FGS) de la ANSES.
Picardi habia sido recusado por la defensa del imputado ex titular del FGS, Luis María Blaquier, quien pidió apartarlo del caso y para fundamentar su planteo aludió a publicaciones periodísticas sobre los "antecedentes" y "orientación política" del fiscal, según el fallo al que hoy tuvo acceso Télam.
La defensa del ex funcionario del gobierno de Cambiemos, argumentó que estos factores "explicarían tanto su pérdida de objetividad como el origen de una enemistad manifiesta o animadversión hacia su asistido, quien cumplió funciones públicas en un gobierno 'que se encuentra en las antípodas de la filiación política del Dr. Picardi'", según refirió el fallo de Cámara.
Todos los argumentos fueron descartados por el camarista Pablo Bertuzzi, al ratificar la decisión del juez del caso, Sebastián Casanello, quien el 17 de febrero pasado rechazó el planteo y confirmó a Picardi en la investigación
"Frente a la ausencia de argumentos autónomos" y "dado que se apoya en el contenido de notas periodísticas que, en los términos planteados, sólo se presentan conjeturales, considero que tampoco se ha logrado acreditar la configuración de la causal de recusación invocada", afirmó Bertuzzi.
Blaquier había sido procesado en la causa pero la Cámara Federal revocó esa decisión, lo dejó con falta de mérito y dispuso profundizar la investigación, que ahora sigue con nuevas medidas de prueba.
Para intentar apartar al fiscal también sostuvo que hubo "pérdida de objetividad" y una "antojadiza forma" de conducir la investigación "denotando un proceder tendencioso y perjudicial" para Blaquier.
Picardi imputó a Blaquier por suscribir en 2016 las obligaciones negociables de esas empresas con fondos de ANSES, pese a que estuvo vinculado a ellas hasta diciembre de 2015.
El ex funcionario quedó imputado por no informar de su vínculo anterior con las empresas beneficiadas por las decisiones del FGS y por no haber optado por la posibilidad de abstenerse de participar de esas decisiones.
El procesamiento por supuestas "negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública" fue revocado por la Cámara Federal en julio pasado en un voto de los jueces Leopoldo Bruglia y Pablo Bertuzzi, quienes sostuvieron que la medida fue "prematura" porque correspondía ordenar nuevas medidas de prueba. (Télam)