El pleno del Congreso unicameral de Perú aprobó por unanimidad una moción destinada a someter a todos sus legisladores y a numerosos funcionarios estatales a una prueba para detectar si algunos de ellos fueron vacunados contra el coronavirus de manera ilegal, informó hoy la prensa local.
La medida, que fue votada ayer tras un debate de cinco horas y anunciada inicialmente como obligatoria, es en realidad “una exhortación y no una obligación”, aclaró hoy el jefe de la bancada de Acción Popular (AP, el partido que propuso la moción), Franco Salinas, según la agencia de noticias Andina.
La decisión incluye a los 130 congresistas, incluso a aquellos que están en uso de licencia, como es el caso del presidente Francisco Sagasti, así como a todas las personas que ocuparon cargos de ministros y viceministros desde que comenzó la pandemia.
Asimismo, la prueba alcanzará a los gobernadores regionales, a los alcaldes de Lima Metropolitana y a los principales funcionarios del Poder Judicial, el Ministerio Público, la Defensoría del Pueblo, la Contraloría General y las Fuerzas Armadas, entre otros.
Mientras tanto, la comisión parlamentaria que investiga el escándalo provocado por la revelación de que cerca de 500 personas -entre ellas el expresidente Martín Vizcarra y dos ministras del actual gabinete- fueron inmunizadas antes de que comenzara la campaña de vacunación continuaba trabajando hoy con la recepción de dos testimonios, informó su presidente, Otto Guibovich, también de AP.
En tanto, la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales del parlamento proseguirá mañana sus indagaciones por el uso indebido de las vacunas por parte de Vizcarra y de las exministras Pilar Mazzetti y Elizabeth Astete, quienes renunciaron en los últimos días tras reconocer que fueron inmunizadas indebidamente, según el presidente de ese grupo, Carlos Pérez Ochoa (AP).
Perú recibió las primeras 300.000 dosis de vacunas contra el coronavirus el 7 de este mes y comenzó a aplicarlas dos días después, solo a personal sanitario de primera línea en el combate a la pandemia.
Sin embargo, un par de días más tarde la prensa reveló que algunos funcionarios habían recibido la vacuna a fines de 2020, con dosis que supuestamente estaban asignadas a los ensayos clínicos.
Sagasti confirmó que el caso involucró a por lo menos 487 personas, entre ellas numerosos funcionarios y sus cónyuges.
El ex fiscal supremo Avelino Guillén -de destacada labor en el juicio en el que el expresidente Alberto Fujimori fue condenado a 25 años de prisión por delitos de lesa humanidad- opinó hoy que el Ministerio Público debería acusar por “organización criminal” a quienes están implicados en el escándalo de la vacunación irregular.
“Creo que es conveniente incorporar a las investigaciones el tipo penal de organización criminal; esto le permitiría a la fiscalía mayores herramientas legales para llevar a cabo una investigación más profunda y rápida”, dijo Guillén a Andina.
Guillén argumentó su postura en que, a su juicio, “todo muestra que evidentemente hubo una planificación y concertación en ciertos niveles de administración pública, sobre todo al nivel del comité de negociación y adquisición de la vacuna”.
Desde el comienzo de la pandemia, Perú acumulaba 1.275.899 casos confirmados de coronavirus, de los cuales 54.894 personas tenían la infección activa (14.693 de ellas estaban hospitalizadas) y 44.877 murieron por la enfermedad, según el último balance del Ministerio de Salud, publicado anoche. (Télam)