La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) alertó hoy que casi el 40% de los hogares habitados por inquilinos migrantes y refugiados venezolanos fue desalojado durante la pandemia de coronavirus, principalmente por incapacidad de pagar alquileres y la situación migratoria irregular que les impide firmar contratos más estables, según se desprende de una encuesta realizada en siete países de América Latina y el Caribe.
De acuerdo a las últimas cifras, hay cerca de 5,4 millones de venezolanos fuera de su país de origen, 4,6 millones de ellos en diferentes territorios de la región, incluyendo un número creciente en situación irregular, lo que los deja particularmente desprotegidos ante los efectos económicos del coronavirus, como la pérdida de empleo.
Uno de los derechos fundamentales de los que se ven privados es el de una vivienda, con el 39.8% de los hogares en alquiler desalojados en estos meses, un 30.5% de ellos en riesgo de volver a vivir una situación similar ante la falta de asistencia, de acuerdo al sondeo entre más de 1.800 personas en Perú, Ecuador, Brasil, Colombia, Panamá, República Dominicana y Guyana.
Como resultado de esta situación, el 11% de los grupos familiares encuestados se encuentran en situación de calle.
"El tema de los desalojos no implica solamente perder la vivienda, sino que se pierden también otros derechos como es el de la salud en el marco de una pandemia", dijo Julissa Mantilla, comisionada y relatora sobre los derechos de las personas migrantes de la CIDH.
"Para la CIDH no hay dudas que las causas de la migración forzada están relacionadas a las violaciones de derechos humanos, pero en los países de tránsito o destino hay otras violaciones", añadió durante la presentación del informe.
Los desalojos afectan de manera desproporcionada a las mujeres refugiadas y migrantes de Venezuela: 79% de las entrevistadas afirmaron estar en riesgo de desalojo o haber sido desalojadas; 83% de ellas manifestó no tener ningún acuerdo o autorización para permanecer en su vivienda actual.
Es que casi tres de cada cuatro contratos de alquiler que consiguen migrantes y refugiados son verbales, los que los expone a una mayor inestabilidad y menos garantías, mientras que el 12.9 % tiene contratos escritos y el 11.5% habitan sus viviendas sin tener acuerdos o contratos, sea una ocupación en la propiedad de un privado o de terrenos estatales.
La encuesta, lograda gracias al apoyo de 21 organizaciones sociales, cinco universidades y el organismo de refugiados de la ONU (Acnur), grafica que la entrada irregular a los países de destino está estrechamente asociada a contratos más precarios, e incluso, a la imposibilidad de suscribirlos, debido a la falta de documentos o requisitos que las personas refugiadas y migrantes de Venezuela no pueden acreditar.
A la hora de señalar los principales motivos por los cuáles fueron desalojados o están en riegos de serlo, el 87% de los encuestados manifestó que por la incapacidad de pago de los alquileres; un 36% por no poder abonar los servicios básicos; y como tercer motivo, el 17% señaló la discriminación que viven por ser venezolanos.
Esto último está relacionada al coronavirus, ya que el 77% de los consultados manifestó que su situación económica se agravó por la pandemia y, dentro de este grupo, un 86% señaló a la acumulación de deudas como el principal impacto de los efectos del coronavirus. (Télam)