Unas 200 familias de exintegrantes de las FARC que adhirieron al Acuerdo de Paz de 2016 vivirán en un predio especialmente comprado por el Estado colombiano, como modo de protección ante las amenazas de disidentes de esa organización.
La Agencia para la Reincorporación y la Normalización (ARN) dio a conocer que ya se adquirió el predio en el espacio territorial Mariana Páez, en Mesetas, en el departamento de Meta.
La compra responde a un compromiso que había adquirido el presidente Gustavo Petro con 86 mujeres -la mayoría madres cabeza de hogar- y alrededor de 80 niños y niñas cuando en marzo fueron amenazados por el Estado Mayor Central (EMC), disidentes de las FARC.
Durante su visita a ese espacio territorial -la primera que hizo Petro desde su asunción, en agosto de 2022-, el mandatario ordenó a sus funcionarios que en tres meses tuvieran un terreno al que pudieran trasladarse las familias, reseñó el sitio del diario El Espectador.
Según la ARN, se trata de un predio ubicado en el municipio de Acacías y que se adquirió con recursos de esa entidad a través de la Agencia Nacional de Tierras (ANT). El predio era propiedad de la Sociedad de Activos Especiales (SAE).
“Se han logrado adquirir 1.460 hectáreas para 140 familias y firmantes. Esto también quiere decir que empezamos a trabajar por el punto 1 del Acuerdo de Paz y entregarles tierras productivas para sus proyectos”, explicó Alejandra Miller, directora de la ARN, quien precisó que la entrega formal podría darse a fines de este mes.
Aún no se conoce el monto de esa adquisición -porque el predio está bajo extinción de dominio-, ni tampoco su ubicación exacta por temas de seguridad, pero sí se sabe que el Gobierno atendió una de las peticiones de los firmantes que habían dicho que querían quedarse en ese departamento por cuestiones de arraigo.
“Hemos trabajado sin cansancio, buscando de diversas maneras las opciones para el traslado de las familias y los proyectos productivos; es entonces, el municipio de Acacías, quien abrirá las puertas para que se siga avanzando en el proceso de reincorporación”, subrayó Miller.
La amenaza del EMC se sumaba a algunas quejas de las familias sobre problemas en la zona, porque el terreno en el que estaban no cumplía con las necesidades para los proyectos productivos que impulsan.
“Las condiciones de vivienda en las que están no son las mejores. Las puertas de las viviendas se están destruyendo y las paredes se derriten. Además, desde hace tiempo ellos vienen manifestando que hay una falta de claridad en la caracterización de los predios”, explicó hace unos meses Manuela Marín, delegada del Partido Comunes a la CSIVI (Comité de Seguimiento, Impulso y Verificación a la Implementación).
La noticia de la compra de predio coincide con varios hechos de violencia hacia firmantes en Meta, el más reciente el sábado último cuando habitantes de otro espacio territorial en Vistahermosa denunciaron el asesinato de dos excombatientes.
A ello se suma que hace unos días, el Gobierno suspendió temporalmente el cese del fuego con el Estado Mayor Central en cuatro departamentos, entre ellos Meta. (Télam)