La organización Human Rights Watch (HRW) reclamó una urgente “reforma seria y rigurosa” de Carabineros, la policía de Chile responsable en un caso de gatillo fácil de la reciente muerte del malabarista Francisco Martínez, cuyos restos fueron inhumados hoy.
“Chile debe avanzar urgentemente con una reforma seria y rigurosa a Carabineros”, afirmó el director para las Américas de HRW, el chileno José Miguel Vivanco, en Twitter.
Agregó que “la policía no puede matar a una persona porque se resiste a un control de identidad”, por lo que “urge una investigación exhaustiva y pronta sobre estos graves hechos”.
Mientras tanto, los restos de Martínez fueron sepultados hoy en el cementerio de Puente Alto, un suburbio de Santiago, en una concurrida ceremonia en la que cientos de personas arrojaron flores al paso del cortejo fúnebre, según la radio Cooperativa.
Paralelamente, el agente -cuya identidad se mantenía en reserva- acusado de haber disparado y asesinado al malabarista continuaba hoy en prisión preventiva y el martes próximo será llevado ante un juez para que sea notificado formalmente de su imputación.
Martínez, un joven que se ganaba la vida haciendo malabares ante los automóviles detenidos por el semáforo en una esquina de Panguipulli -a unos 825 kilómetros al sur de Santiago- fue muerto el viernes pasado.
Según videos que circularon en redes sociales y medios de comunicación, Martínez fue baleado por un carabinero al resistirse aparentemente a un control de identidad.
El hecho provocó numerosas protestas en varias ciudades desde la misma noche del viernes y hasta esta madrugada, que incluyeron el incendio de la sede de la intendencia de Panguipulli, la quema de un ómnibus en Maipú y enfrentamientos entre manifestantes y carabineros en Santiago, con al menos nueve detenidos, según la agencia de noticias Europa Press.
En ese contexto, el diputado independiente René Saffirio reclamó una sesión especial de la Cámara de Diputados para abordar el caso, en una carta al presidente del cuerpo, Diego Paulsen.
“Creo que el país está comenzando a vivir una experiencia de confrontación que representa la víspera de una polarización que pone en serio riesgo la institucionalidad de y la viabilidad del proceso constituyente en curso”, sostuvo Saffirio en la nota.
“Tenemos la obligación constitucional, institucional, política y moral de exigir que los derechos de los ciudadanos sean respetados y con ello el estado de derecho; no me imagino que nuevamente salgan voces que con un simple ‘No lo vimos venirÂ’ miren a un costado sin hacer frente a estos desbordes de violencia”, agregó. (Télam)