Legisladores porteños de la oposición y organizaciones en defensa del patrimonio urbano se manifestaron hoy en contra de un convenio entre el Gobierno de la Ciudad y una constructora para levantar una torre de 72 metros al lado de una iglesia de la época colonial y afirmaron que viola una sentencia judicial que impide obras en altura en una Área de Protección Histórica (APH).
El pronunciamiento se dio en el marco de una reunión de comisiones de la Legislatura porteña para iniciar el análisis del acuerdo alcanzado entre la administración local y la empresa Nehuente SRL en torno a una parcela del microcentro en la que se ubican el monasterio y la Iglesia Santa Catalina de Siena, fundados en 1745, y un estacionamiento.
La iniciativa plantea que quede intacto el sector de la manzana delimitada por la avenida Córdoba y las calles Reconquista, Viamonte y San Martín donde se ubican las construcciones históricas, en tanto que en la superficie restante se levante el edificio de más de 20 pisos y tres subsuelos, sumado a un espacio verde de acceso público.
El reclamo en la Legislatura, en rigor, responde a que el emprendimiento inmobiliario se concretaría al lado de una de las construcciones más antiguas existentes en la Ciudad y, a su vez, en una zona considerada como "un fabuloso yacimiento arqueológico" por expertos en el tema.
Además, las tareas para concretar una torre que prevé una constructividad de 46.600 metros cuadrados, implican también una serie de trabajos de excavación, por ejemplo, que podrían afectar a las edificaciones coloniales que permanecen en pie y que fueron declaradas como Monumento Histórico nacional.
María del Carmen Arias Usandivaras, de la asociación Basta de Demoler, indicó a Télam que el convenio "es ilegal y está en contra de un amparo que obtuvimos en el 2013 y una sentencia del Tribunal Superior de Justicia del 2016" que frenaron la construcción de la torre.
"No vamos a permitirlo, vamos a seguir adelante porque es violatorio de las normativas de la APH", afirmó la mujer, quien impulsó el amparo años atrás y hoy envió una carta a los diputados porteños para advertir que el expediente enviado por el Ejecutivo "infringe el Código que prohíbe edificios de perímetro libre en esa zona".
Por su parte, el legislador del Frente de Todos Matías Barroetaveña sostuvo que "esta vez no se trata de rematar la costa ribereña, sino de vulnerar el patrimonio cultural afectando Áreas de Patrimonio Histórico como en el entorno de la Iglesia Santa Catalina".
La diputada María Bielli, también del FDT, pidió a los legisladores del oficialismo que recuerden que "el Tribunal Superior de Justicia ya se expidió sobre lo que tiene que suceder en ese terreno y la protección con la cual tiene que contar por ser lindero al convento".
Consultadas por Télam, fuentes del Gobierno porteño rechazaron la argumentación esgrimida por las organizaciones y el arco opositor al asegurar que "no está vigente" la orden judicial de años atrás.
Al encuentro en la Legislatura concurrió el secretario de Desarrollo Urbano de la Ciudad, Álvaro García Resta, para informar a los diputados sobre el convenio urbanístico sobre el predio de Santa Catalina, así como de otros 15 entendimientos con privados que promueven también construcciones en altura en distintos barrios de la Ciudad.
"Los convenios urbanísticos son una herramienta pertinente para avanzar en proyectos en favor del desarrollo urbano y son instrumentos de articulación público-privada que pueden hacer una Ciudad más productiva y verde", afirmó el funcionario durante la reunión. (Télam)