La defensa de la exsecretaria de Ambiente Humano y Desarrollo Sustentable de la Nación Romina Picolotti pidió hoy la absolución de la exfuncionaria, en el marco del juicio que se le sigue por supuesta malversación de fondos, bajo la presunción de que utilizó dinero público para pagar gastos personales y familiares.
El abogado Felipe Trucco aseveró que no se presentaron durante el debate pruebas que acrediten que la exsecretaria de Estado cometió el delito que se le endilga y remarcó que las facturas de los comprobantes que se expusieron en el juicio no son elementos suficientes porque, a su criterio, no está comprobado que fueron firmadas por Picolotti.
“No hay pericia contable, ni caligráfica”, sostuvo el letrado que representa a la exfuncionaria al reclamar su absolución ante el Tribunal Oral Federal (TOF) 6, en el marco de su alegato en el juicio que continuará el 29 de septiembre próximo.
El fiscal Diego Luciani había pedido en la audiencia anterior que la exfuncionaria fuera condenada a 3 años y nueve meses de prisión por haber utilizado dinero público para pagar gastos personales y familiares.
Solicitó además que la exsecretaria de Estado, que sigue el juicio por videoconferencia desde Estados Unidos, devuelva a las arcas públicas casi 7 millones de pesos, el valor actualizado de los gastos injustificados que se le atribuyen.
En el marco de su alegato ante el Tribunal Oral Federal (TOF) 6, el representante del Ministerio Público enumeró que el dinero habría sido gastado en pasajes de avión para amigos y familiares de la exfuncionaria, en almuerzos diarios, en sushi, flores y regalos para miembros de su familia.
“Hubo un manejo absolutamente irregular de parte de Picolotti de los fondos públicos. Fue un verdadero fraude en el ejercicio de la función pública. Se pagaron comidas sin justificación, pasajes de avión para familiares y costosos vuelos charters”, sostuvo el fiscal Luciani.
La exsecretaria de Ambiente presentó su renuncia al cargo en 2008, mientras que la denuncia en su contra por supuesta malversación de fondos públicos a raíz de presuntos gastos irregulares, realizados mientras ocupaba el cargo, data de 2007.
El caso, que tramita en los tribunales federales de Comodoro Py, en el barrio porteño de Retiro, fue investigado por la jueza María Servini y el fiscal Guillermo Marijuán y pasó a juicio oral en el 2015.
En la próxima audiencia los jueces Sabrina Namer, Rodrigo Giménez Uriburu y Guillermo Costabel escucharán la respuesta del fiscal a distintos planteos y podrían dictar veredicto, según calcularon voceros judiciales.

(Télam)