La médica que fue detenida en Salta luego de practicar un aborto y que luego fue liberada "garantizó los derechos" de una joven "a una interrupción legal del embarazo", dijeron hoy en un comunicado conjunto organizaciones de derechos humanos que relataron cómo fue la situación que terminó con la profesional de Tartagal encarcelada.
El documento está firmado por Amnistía Internacional Argentina, Católicas por el Derecho a Decidir, Centro de Estudios de Estado y Sociedad (CEDES), Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), Equipo Latinoamericano de Género y Justicia (ELA), Fundación Mujeres x Mujeres, Fundación Huésped, Fundación para el Desarrollo de Políticas Sustentables (Fundeps), FUSA AC y Red de prestadores de aborto seguro y legal de Argentina (Redaas).
En el documento las organizaciones cuentan que una joven de 21 años llegó al hospital Juan Domingo Perón, de Tartagal, en el norte de Salta, solicitando una interrupción legal del embarazo (ILE) "en pleno ejercicio de su autonomía".
"Para solicitar la práctica, viajó más de 53 kilómetros hasta el hospital, y cursaba la semana 22 de gestación", agregan.
En el centro de salud "fue atendida por un equipo interdisciplinario formado por una médica, una trabajadora social y una psicóloga. Tuvo entrevistas por separado con cada una de ellas, quienes pusieron al tanto además al director (gerente) del hospital, quien constató que se trataba de la causal salud y que estaba debidamente justificada".
El Código Penal permite el aborto si el embarazo que se quiere interrumpir fue producto de una violación o si estuviera en riesgo la vida o la salud integral de la persona gestante.
"Este último fue el caso de la joven salteña", explicaron las organizaciones.
La joven "fue acompañada a lo largo del proceso y fue atendida por profesionales que garantizaron sus derechos y la escucharon", añadieron.
Desde dentro del hospital "profesionales contrarios a la salud integral de las mujeres, al ver que no podían interrumpir el proceso, decidieron convocar a la familia de la joven".
"De esta forma violaron su derecho a la confidencialidad y contravinieron su voluntad", señalaron.
Los familiares de la joven "arribaron al hospital en el medio del procedimiento y ella tuvo un momento de duda, pero de inmediato decidió continuar con el procedimiento y así lo expresó".
Y resaltaron que "es importante señalar que la denuncia a la médica no fue hecha por la joven, a quien no se le vulneraron sus derechos, sino por una familiar".
Asimismo, destacaron que "los procedimientos que realizó el equipo médico están dentro de la ley y cada paso que dio fue acompañado con convicción por la dirección del hospital y registrado en la historia clínica".
Las organizaciones señalaron que la médica "detenida en una escena intimidante y disciplinadora en su lugar de trabajo, es la única profesional no objetora, que garantiza el derecho a una salud integral para las mujeres y de otras personas con capacidad de gestar en la zona".
La profesional fue liberada esta tarde.
"Creemos que es central respetar la intimidad de la joven, como no la respetaron ni los médicos objetores que llamaron a familiares, ni los medios que caen en el morbo sin datos reales, ni el Poder Judicial que podría haber ahorrado la puesta en escena de la detención disciplinante", aseveraron las entidades sociales en el documento.
"También es central que quienes ponen obstáculos para acceder a los derechos surgidos de una sociedad democrática, reciban las sanciones correspondientes", finalizaron. (Télam)