El secretario ejecutivo del Comité Nacional para la Prevención de la Tortura (CNPT), Alan Iud, sostuvo hoy que uno de los principales desafíos que se presentan en la actualidad es “reducir la sobrepoblación y hacinamiento” en las cárceles y explicó que para eso es preciso avanzar en iniciativas que tiendan buscar alternativas al encierro.
Esas conclusiones fueron parte de los acuerdos alcanzados Asamblea Anual del comité de la que participaron más de 150 personas, en representación de 60 organizaciones de todo el país y de cada una de sus regiones, a través de la plataforma virtual zoom.
“Entre los desafíos se destacó el de reducir la sobrepoblación y el hacinamiento (en las cárceles)”, sostuvo Iud en diálogo con Télam y luego señaló que entre las propuestas para lograrlo están las de impulsar una “ley de cupo” que impida que sigan ingresando personas a espacios que ya están completos y la de promover aplicar prisiones domiciliarias cada vez que sea viable como alternativa.
“Es necesarios buscar medidas alternativas en el marco del proceso penal, mecanismos de justicia restaurativa, mediación para evitar que todo derive en condena de cumplimiento efectivo de la pena. También hay que impulsar medidas alternativas que tengan en cuenta la perspectiva de género”, señaló.
Iud también sostuvo que es preciso “trabajar sobre los informes de los consejos correccionales porque se registró una tendencia al rechazo a la morigeración” y “revisar la reforma a la ley de ejecución penal que se hizo en la gestión anterior, que tiene un impacto claro en el crecimiento de la población privada de la libertad”.
Como conclusión central de la Asamblea, el secretario ejecutivo del CNPT destacó el acuerdo en la necesidad de fortalecer el Sistema Nacional de Prevención de la Tortura que está integrado por el Comité Nacional, mecanismos locales, organismos públicos y privados de prevención e instituciones interesadas de la tortura, entre otras.
Para lograr ese fortalecimiento, Iud destacó que hubo consenso en impulsar el desarrollo de los mecanismos locales en las distintas provincias y continuar y fortalecer el trabajo entre organizaciones sociales y demás integrantes del Sistema Nacional de Prevención de la Tortura para lo que remarcó que hace dos meses el Comité implementó un registro que ya está funcionado.
Un punto de acuerdo importante fue que los servicios de salud de los establecimientos penitenciarios deben ser administradas por los Ministerios de Salud de cada jurisdicción, para que las personas privadas de la libertad tengan los mismos derechos de acceso a la salud que quienes están en libertad.
Durante la Asamblea se destacaron, además, como buenas prácticas los mecanismos de solución alternativas de conflicto al interior de los lugares de encierro, la mediación en materia penitenciaria como apuesta para suplir el sistema de sanciones y las experiencias vinculadas a trabajo en cooperativas. (Télam)