El gobierno nacional modificó la normativa que regula la modalidad de prestación del servicio de crédito en cooperativas, a través de la resolución 3263/2020 del Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social (Inaes) publicada hoy en el Boletín Oficial.
Lo hizo a instancias de una solicitud de la Federación Argentina de Cooperativas de Crédito (FACC), y como producto de análisis realizados, referidos específicamente a la estructura de financiamiento y a la asistencia crediticia tanto a pequeñas empresas como productores y consumidores, para mejorar las prestaciones que realizan dichas entidades a sus asociados.
La resolución destacó que “se advierte la necesidad de introducir modificaciones a la normativa vigente, tendientes a brindar mayor agilidad y seguridad en la prestación del servicio acorde a nuevas tecnologías de la información”.
También señaló la importancia de promover el fortalecimiento de los instrumentos de control que ejercen los órganos de administración, fiscalización, gobierno y su servicio de auditoría externa.
Asimismo, consideró que “es oportuno generar mecanismos que promuevan un circulo virtuoso en las entidades de la economía social y solidaria tanto en el desarrollo de servicios, como en la generación de emprendimientos productivos con creación de nuevas fuentes de trabajo”.
Así sostuvo que se debe auspiciar la integración entre mutuales y cooperativas, “lo que importa un salto cualitativo y cuantitativo en un desarrollo económico local e inclusivo, innovador, sustentable y con alto impacto social y ambiental”.
También remarcó la importancia de implementar la Gestión Documental Electrónica, y la creación del Registro Legajo Multipropósito de cooperativas y mutuales a partir del proceso de Actualización Nacional de Datos llevado a cabo por el Inaes.
Asimismo, se puso de relieve lo fundamental de aplicar la transmisión de información del servicio de crédito a través de sistemas informáticos, y la incorporación del trámite a distancia en su régimen informativo y en la tramitación de los expedientes.
Del mismo modo, subrayó que “el desarrollo de un procedimiento administrativo para el tratamiento de los reglamentos del servicio, posibilita el acceso a los procesos administrativos y contribuye a un mejor cumplimiento de las misiones y funciones de este Instituto, a su fortalecimiento institucional y al de las cooperativas”. (Télam)