La Comisión Europea (CE) consideró hoy una "vergüenza" el carnaval celebrado en una ciudad belga de Alost, donde desfilaron comparsas disfrazadas de judíos ortodoxos con cuerpo de insecto, y aseguró que investigará las quejas recibidas por el carácter antisemita del evento.
El carnaval de Alost, en la provincia de Flandes, en el este de Bélgica, es conocido por ser irreverente, pero en diciembre de 2019 la Unesco sacó el evento de su lista de Patrimonio Cultural Inmaterial por las "recurrentes representaciones racistas y antisemitas".
"El carnaval de Alost es una vergüenza; tiene que parar, no hay sitio para esto en Europa", declaró en la red social Twitter el comisario europeo encargado de la lucha contra el antisemitismo, Margaritis Schinas.
Según la Unesco, el carnaval de Alost no cumple con el requisito de ser compatible "con los instrumentos internacionales de derechos humanos existentes" ni con los "imperativos de respeto mutuo entre comunidades, grupos e individuos".
El Instituto Transatlántico del Comité Judío Estadounidense, con sede en Bruselas, pidió a la Unión Europea (UE) que inicie una investigación a Bélgica puesto que las autoridades del país permitieron que se celebrara el carnaval y que se estudie la apertura de un expediente por no respetar el estado de derecho, como exigen los tratados comunitarios.
Pese a la controversia, el ayuntamiento de Alost -gobernado por los nacionalistas flamencos de la N-VA en coalición con los liberales de Open VLD y los democristianos CD&V- decidió no vetar la presencia de las carrozas en cuestión en los desfiles, que continuarán durante esta semana.
La primera ministra belga, la liberal Sophie Wilmes, dijo ayer este que los elementos antisemitas en el desfile dañan "los valores y la reputación" del país, pero señaló que la democracia belga se funda también en la libertad de expresión, que implica "la libertad de criticar, de blasfemar, de caricaturizar".
El gobierno belga deja entonces en manos de la Justicia determinar si se infringió la ley en el carnaval de Alost, aunque no será el Ejecutivo el que lo lleve ante los tribunales. (Télam)