Un policía santafesino reincorporado en 2011 a la fuerza de seguridad, tras ser dado de baja y secuestrado durante la última dictadura por no cumplir órdenes ilegales, reclama ahora al Estado provincial el pago de los ascensos otorgados por decreto, pero que nunca percibió.
"Casi con el retiro (en 2013) me dieron la categoría correspondiente a los ascensos que yo hubiera tenido de haber continuado en la Policía, pero jamás me los pagaron", contó a Télam Alberto Juan Cola, que era oficial subinspector de la fuerza de seguridad cuando fue dado de baja en 1977.
Nueve años después de haber sido reincorporado, mediante una ley provincial de reparación a víctimas del Terrorismo de Estado, Cola ya está jubilado con el rango de comisario principal, pero percibe su haber con el grado que ostentaba cuando lo reincorporaron, "que era el mismo que tenía hace 43 años", explicó.
Tras retirarse de la Policía en 2013, cuando por decreto le habían otorgado la categoría correspondiente que establece la ley de reparación, inició un expediente para percibir el ingreso correspondiente.
"Ese trámite lleva ocho años, es una cosa inverosímil", se quejó Cola ante la falta de respuestas.
"Siento que defender la democracia y los derechos humanos en épocas muy difíciles, cuando muchos no tenían el coraje de hacerlo, no ha sido valorado por los gobernadores que estuvieron en el período 2012-2019", agregó.
La historia de Cola se conoció en 2011 cuando a través de esta agencia relató sus padecimientos durante la última dictadura en su función de policía.
Para evitar el Servicio Militar Obligatorio, Cola decidió inscribirse en la carrera de policía.
"No era que tenía una gran vocación, pero cuando me recibí comprendí que la Policía, como cualquier profesión, es noble: la degradan o la enaltecen los que la hacen", apuntó.
En 1976, Cola prestaba servicio en la Unidad Regional XXVII, en la ciudad santafesina de San Lorenzo, y más por ingenuidad que por convicción, enfrentó la represión clandestina que implementaron de modo sistemático las Fuerzas Armadas y de seguridad.
"Yo no quería aceptar órdenes anticonstitucionales. En aquella época venían miembros del Ejército, traían a gente detenida y decían: 'Vamos a ingresar a esta persona pero no hay que darle entrada en el libro de guardia.' Yo decía que no, que me tenían que decir a disposición de quién estaba", contó.
Estos roces con el Ejército forzaron su traslado a una comisaría de la localidad Roldán y luego, a fines de 1976, fue dado de baja, cuando le tocaba ascender y tenía el promedio más alto de su jerarquía.
"Ahí cometí el error de denunciar al gobernador de la provincia (vicealmirante Jorge Desimoni) a través de una carta al presidente de facto. No sabía que las órdenes de exterminio emanaban de (Jorge Rafale) Videla", indicó el policía jubilado.
Dos días después de presentar la denuncia fue secuestrado en su nuevo trabajo, un bar donde se desempeñaba como mozo.
"Me llevaron a diversos lugares y después aparecí en el Servicio de Informes (de la policía de Rosario)", contó sobre su paso por el mayor centro clandestino de detenciones del sur de Santa Fe.
Permaneció detenido en forma ilegal por 14 días, luego fue puesto a disposición del Poder Ejecutivo de la Nación y pasó 18 meses en la cárcel santafesina de Coronda sin causa en su contra.
En 2011, al conocerse su historia, Cola fue reincorporado a la Policía y declarado ciudadano distinguido por el Concejo Deliberante de San Lorenzo.
A los 68 años y con seis de jubilado como comisario, aseguró que "hasta el presente aún no me fueron pagados dichos ascensos, ni integrados a la Caja de Jubilaciones los aportes patronales y personales". (Télam)